Sr. Director:
El Gobierno socialista llegó al poder enarbolando la bandera de una nueva relación con los separatistas catalanes. Quería marcar diferencias con la política del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que había apoyado mientras le convino, y apuntó a la necesidad del diálogo y la mano tendida a los independentistas para hablar de todo, de cualquier cosa, mientras reprochaba a los populares haber “judicializado” una crisis que era política, en palabras de la ministra Batet. El desmejorado y magro discurso de La Moncloa ha aguantado unos días malamente.
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la moción aprobada por Junts per Catalunya, ERC y la CUP en el Parlamento catalán para ratificarse en los objetivos de la resolución golpista del 9 de noviembre de 2015, que ya fue suspendida por el propio TC. Es una decisión conveniente pero que deja en evidencia la demagógica y oportunista retórica de los socialistas para señalar al PP y burlar la unidad constitucionalista que le incomoda en esta nueva etapa.
El Gobierno se aferra a una ficción a sabiendas y con una irresponsabilidad manifiesta como es pensar que Torra y compañía se avendrán a razones porque los populares ya no mandan. Solo la Ley detendrá a quienes quieren dinamitar la democracia.
