Moncloa presiona a Industria para que la Administración pueda cerrar páginas web. El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, se muestra aún más agresivo contra el periodismo independiente que su predecesor, Miguel Barroso. El 27 de diciembre termina el plazo de alegaciones sobre el proyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, según el cual una autoridad administrativa podrá cerrar páginas web sin pasar por el juez. La excusa para este régimen de censura son las páginas de phising o de consejos médicos no autorizados. Todo el sector se opone, menos las SGAE. El Consejo Asesor de Telecomunicaciones, por unanimidad, exigió a David Cierco que el Ejecutivo dé marcha atrás
El Gobierno Zapatero pretende que cualquier autoridad administrativa, por ejemplo un concejal, y, desde luego, el Gobierno, pueda cerrar una página web si en ella concurren determinada circunstancias. En definitiva, pretende conculcar el principio consuetudinario de las libertades de expresión y de prensa, consistente en que un medio de comunicación sólo lo puede cerrar un juez, no ningún Gobierno ni ningún miembro del Poder Ejecutivo o legislativo, ni ningún ayuntamiento. Para muchos, este es el ataque más brutal de todo el periodo democrático contra la libertad de prensa. Cualquier concejal podría vengarse de sus enemigos políticos cerrando la más poderosa canal de comunicación del que disponen sus adversarios.
Par ello, el Ejecutivo piensa utilizar la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, actualmente en tramitación. De hecho, el presidente de Internautas.org, Víctor Domingo, hombre proveniente de la izquierda, ha lanzado una campaña contra esta inquietante posibilidad. Nadie, absolutamente nadie, apoya al Gobierno Zapatero en este empeño, con la excepción de las entidades de gestión de derechos de autor, es decir, los intermediarios de la propiedad intelectual, es decir, las SGAE.
Por no apoyarle, no le apoya ni el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, quien se negó a presidir la última reunión del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, celebrado el pasado día 1 de diciembre. Dejó en su lugar a David Cierco, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, quien intentó conseguir un consenso sobre el proyecto entre los componentes de un Consejo donde se encuentran representados las patronales del sector de las telecomunicaciones por ejemplo, ASIMELEC-, las operadoras de telecos, asociaciones de usuarios, etc. Y en efecto, consiguió el pretendido consenso : pero en contra. Es más, algunos del so presentes exigieron que el Ministerio de Industria no emitiera un comunicado hablando de consenso sobre el proyecto, porque cuestiones como el cierre administrativo o la exigencia de que sean los proveedores de Internet quienes controlen los contenidos de sus clientes (el llamado sistema saudí, dado que la tiranía árabe fue una de las primeras en implantarlo) o gustan a ni a empresas, ni a sindicatos, ni a patronales ni a organizaciones de consumidores.
Pero Moncloa presionan a Industria para que la ley se mantenga. El actual secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, es aún más agresivo con la prensa independiente de Internet que su predecesor Miguel Barroso, aquel que intentaba forzar a los grandes anunciantes para que retiraran sus spots de las páginas de Internet críticas con el Gobierno. Lo primero que hizo Moraleda al llegar a Moncloa fue suprimir toda la prensa independiente de Internet de la Guía de Comunicación de Presidencia del Gobierno, verdadero vademécum de la información en España. La obsesión del Gobierno ZP por controlar la WWW ha provocado un gran artículo de Enrique Dans que resume la obsesión de ZP con la prensa electrónica en particular y con Internet en general.
Eso sí, el Gobierno cuenta con el apoyo de los intermediaros de derechos de autor, es decir, con las SGAE. A la SGAE la libertad le trae al pairo, pero estas asociaciones se caracterizan por llevar a los tribunales a todo el mundo. Desde luego, para apretarles las clavijas a sus víctimas, la decisión administrativa es mucho más ágil, y más liberticida, que la judicial.
Por cierto, el pasado día 25 se acabó el plazo para acordar la gestión del canon digital. Las patronales ASIMELEC y AETIC no se han puesto de acuerdo con las sociedades de gestión para decidir a quiénes y de qué forma afecta el canon. Total: que será el Gobierno quien decida: ¡Qué peligro!
Naturalmente, la excusa del Ejecutivo ZP para imponer el cierre administrativo de la prensa electrónica alude a las páginas de servicios médicos indocumentados o al famoso phising. Pero la verdad es que no cuela. Eso sí, a día de hoy, Moncloa continua empeñada en sacar adelante esta barbaridad.
