Al presidente de la patronal y a su socio se les acusa de delito fiscal -100 millones de euros-, desvío de fondos públicos -parte de los 758 millones de dólares que recibieron del Gobierno español- y estafa procesal. Ahora, por contra, la Fiscalía de Delitos Económicos intervendrá en el caso y se resucita el políticamente olvidado pero feroz informe del Tribunal de Cuentas sobre la privatización de ARSA por parte de Aznar, ocultada por la prensa adicta al grupo turístico, uno de los principales anunciantes de España.
Con fecha 15 de enero del 2009 el titular del Juzgado 35 de Madrid dictó la imputación de tres directivos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), en la causa principal del Caso Aerolíneas (7293/04), que se sigue contra los dos propietarios de Marsans, Gerardo Díaz-Ferrán y Gonzalo Pascual, y en la que el presidente de la CEOE y su socio, Pascual, están imputados por los delitos de desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal.
Los nuevos imputados son Pablo Olivera Masso, Juan Masso Garolera y Juan Gurbindo Gutiérrez, los dos primeros ya no pertenecen a la SEPI pero sí intervinieron en la operación de venta de Aerolíneas al denominado Grupo Marsans (Air Comet-Interinvest-Aerolíneas Argentinas (ARSA). En definitiva, la operación por la que el Gobierno Aznar regaló a Marsans la aerolínea de bandera argentina y, además, le ofreció 758 millones de dólares para reflotarla. Al parecer, no dedicaron el dinero a lo que debían -o de eso les acusa la Fiscalía de Delitos Económicos, nada menos que a quien ostenta la Presidencia de la Patronal Española, cargo que piensa reeditar el próximo 2 de abril. No sólo eso, sino que, al provocar al caos en el transporte aéreo argentino, el Gobierno Fernández de Kirchner les ha expropiado. Con la actual visita oficial de Cristina Fernández en Argentina, Marsans esperaba un apto entre ambos gobiernos, de tal manera que a Pascual y Ferrán se les permita continuar ganando dinero con el alquiler de aviones de ARSA y, al mismo tiempo que el Gobierno español intente neutralizar el caso judicial con un pacto internacional. Pro eso, Ferrán ha entregado la CEOE al PSOE y no hace otra cosa que alabar la política económica de Zapatero... a pesar de la que está cayendo.
Se da la circunstancia de que el PSOE llevó al Parlamento la escandalosa privatización de ARSA para luego, tras pactar con Ferrán su apoyo político, abandonar toda reclamación e incluso hacer que la SEPI, con su inacción, boicoteara la investigación.
Pues bien, el nuevo juez titular del 35 de instrucción madrileño se ha cansado. De los tres cargos de la SEPI mencionados, Juan Gurbindo Gutiérrez, es el actual Gerente de Administración y finanzas y su imputación, sumada a la grabación que consta en la causa, donde confiesa todos los delitos y trata de gilipollas al ex presidente Néstor Kirchner, constituyen un duro revés para la defensa de los imputados, ya que siempre basaron la misma en la anuencia que la SEPI daba de todo lo actuado.
El nuevo Juez ordena también al perito oficial pronunciarse sobre los informes de auditoría introducidos por la defensa y que fueran objetados por los denunciantes.
Días atrás, el abogado de la acusación particular, Rafael Caro Moya, aportó al juez el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de España N° 811 del 30 /10/08 donde dicho tribunal califica como 'beneficio extra en desmedro de los restantes accionistas' de Aerolíneas al crecimiento accionario del grupo Marsans, por efecto de la subrogación de créditos con fondos públicos y en violación a lo resuelto por el Consejo de Ministros de España, en sesión de 12 de diciembre de 2001.
Además, se solicita la interdicción de las acciones de la tenedora de las acciones de Aerolíneas (Interinvest, filial de Air Comet, filial de Marsans y la imputación de responsabilidad civil a Air Comet con incautación de todos sus bienes en el resto del mundo.
Pero hay más. El juez ha ampliado -viernes 6- la pericia oficial a la llamada operación Orix Corporation, donde se le sacaron a la SEPI (con el consentimiento de ésta, 30 millones de dólares para cancelar una deuda de Aerolíneas de 9 millones con la mencionada firma japonesa con el consiguiente perjuicio para el fisco español, ya que dicho crédito fue adquirido por Marsans con dinero de Interinvest y no declarado a la Agencia Tributaria española.
Y más: se solicite al juzgado proceda agregar al expediente 5156/06 el exhorto obrante en el expediente principal, que prueba la adulteración del expediente por el cual está imputado Antonio Mata Ramayo (actual titular del diario argentino Crítica) y la imputación de Horacio Fargosi, presidente de Aerolíneas con Marsans y Matías Martinez (miembro de su estudio), por ser partícipes necesarios del fraude procesal imputado.
Por último, también se solicita que se trasladen las actuaciones al Juzgado Central de Instrucción máximo y único tribunal donde se juzgan cuestiones económicas y de seguridad nacional de envergadura por considerar la Fiscalía de Delitos Económicos que se encuentra en el presente caso está en juego, nada menos que la economía del Reino de España.
Todo ello apunta a un gigantesco -presuntamente gigantesco- fraude que ahora, con la imputación de los directivos de la SEPI- no podrá ser ocultado por el actual Gobierno ni por la prensa.
Los pormenores del presente juicio han sido ventilados en el curso del tratamiento de la ley de expropiación, en el ámbito de la cámara de Diputados de la Nación como así también de la de Senadores y han tenido la repercusión política y mediática que corresponde a un tema de tamaña envergadura y resulta cuanto más significativa su trascendencia a la luz de esta nueva resolución.
El asunto es: ¿con qué caradura defenderá ahora el Gobierno ZP a unos empresarios, como los 'Hombres G' -Gerardo y Gonzalo- que han llevado al banquillo a tres altos cargos de la empresa pública?
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
