Los objetores advierten que el funcionario que obstaculice las objeciones puede incurrir en delito
La Plataformas "Toledo educa en libertad" y "¿Xq te callas?" y la Asociación Educación y Persona (entidades promotoras a la objeción de conciencia a las asignaturas a Educación para la Ciudadanía en Toledo) han denunciado que un inspector de educación ha obligado a siete alumnos objetores (cuatro de 2º de ESO y tres de 4º de ESO) a Ciudadanía a entrar en clase.
Los hechos se han producido en el IES de Yepes (Toledo). Durante los primeros días del curso, el centro habilitó una sala para el uso de los alumnos objetores. La situación era de relativa normalidad dentro de la situación. Pero la cosa cambió cuando el inspector de Educación -sí, existe la Alta Inspección del Ministerio de Educación- visitó el centro y obligó a los niños a pasar a clase.
Profesionales por la Ética califica estos hechos de gravísimos y recuerda que el funcionario público que impida a los objetores ejercer su derecho, incurre en delito (artículo 542 del Código Penal) y podrá ser inhabilitado para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.
Además, añaden hay que recordar que el funcionario público que amenaza o presiona a los objetores o a sus hijos viola la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común y conculca los derechos constitucionales de los padres, amparados por la Carta Magna y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional además de otras sentencias del Tribunal Supremo.
PPE recuerda que ya se han dictado 123 fallos judiciales (sentencias y Autos estimando medidas cautelares) que amparan a los objetores a la polémica asignatura de EpC. En concreto, en Castilla la Mancha -la comunidad con mayor cifra de objetores, 9.049- ya se han emitido 5 Autos de medidas cautelares que eximen a casi 100 objetores a asistir a clase.
