Pero Trujilo da un paso más y pretende reconvertir las futuras VPO de propiedad en alquiler. Lástima que –como diría Rajoy- tenga menos poder que el concejal de urbanismo de Orihuela. Porque la idea es buena. Al fin y al cabo, una VPO no es sino una subvención. Y no parece razonable que esa subvención sea eterna y transmisible de padres a hijos. Además, presupondría que esa persona va a necesitar el apoyo público de por vida, que es tanto como pensar que un parado jamás encontrará trabajo; ni tampoco sus hijos.
Pero es que además, las VPOs de propiedad presionan el precio de las viviendas de precio libre, creando dos tipos de ciudadanos: los que han tenido la suerte de que les tocara un piso y los que se han quedado fuera del bombo. Por eso resulta tan desagradable escuchar a responsables autonómicos presumir de que en su comunidad hay tienen un 50% de VPOs. Las VPOs de alquiler permitirán rotar a los beneficiarios aumentando el número de personas asistidas por este parche social.
Este es el debe. En el haber se encuentra una ley de suelo restrictiva y el grandilocuente anuncio de que el 80% de los jóvenes no tienen problemas de vivienda. ¿Esta señora no sale a la calle o que le pasa?
Por otra parte la Sociedad Pública de Alquileres no parece que pueda presumir de desempeño. En el primer año de existencia se han intermediado 2.500 contratos, pero el presupuesto ha ascendido a 6 millones de euros, es decir, 2.400 euros por cada contrato intermediado. Seguramente la SPA está formada por buenos profesionales, pero no parece que la eficiencia esté siendo su fuerte.
