La acusación pide 116 años de cárcel para Emilio Botín y otros tres ejecutivos del Santander. Lo más probable es que lo juzgue un tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Gómez Bermúdez. Se dictará sentencia en un 1 año
Catorce años le ha costado a la titular de la Audiencia Nacional, Maria Teresa Palacios, terminar el sumario de las cesiones de crédito del Banco Santander, y lo ha hecho a pesar de todos los pesares y de todas las chinas que le han colocado desde instancias privadas y públicas. Pero lo ha conseguido. Así según providencia de esta magistrada-juez de la Audiencia Nacional, se abre el juicio oral por las Cesiones de Crédito del Banco Santander, lo que hará a Sección Primera 1 Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, bajo la Presidencia (Sala y Sección) de Javier Gómez Bermúdez.
La Asociación para la Defensa de Accionistas y clientes solicita 116 años de cárcel para Emilio Botín y 46,2 millones de euros de sanción por 38 presuntos delitos fiscales y uno de falsedad continuada en documento mercantil. Fueron muchas más las operaciones de cesión de crédito, en concreto 44.000, pero tras 14 años de pelea jurídica se ha logrado identificar 38 expedientes cuyo dolo, a ojos de la justicia, pude demostrarse.
La misma pena y la misma sanción se pide para Rodrigo Echenique, consejero delegado del Santander durante el periodo de autos y hoy consejero del SCH, José Ignacio Uclés, de la Asesoría Jurídica y Ricardo Alonso. No olvidemos que la Sala II del Supremo acaba de apostar por el cumplimiento íntegro de las penas (es decir, 30 años).
Muy probablemente, el presidente del Tribunal será el magistrado Javier Gómez Bermúdez. Recordemos que fue el juez que iba a presidir el Tribunal que juzgaría las indemnizaciones que Botín pagó a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui (44 y 110 millones euros, respectivamente) pero fue recusado por Rafael Pérez Escolar y la recusación tuvo efecto.
Será un juicio largo, con más de 300 testigos y una docena larga de peritos. Se prevé que comience tras el verano y termino de hoy en un año.
Ahora, sólo queda saber si el fiscal general del Estado, que es el perjudicado, dado que presuntos delitos fiscales hablamos, se personará en la causa. Conde Pumpido afirmaba que hablarían cuando procediera. Ahora procede. Hasta el momento, tanto el PSOE como el PP, Felipe González, como Aznar y Zapatero, se han puesto siempre de parte de Botín y en contra de la jueza, contra quienes movilizaron a todo el ejército fiscal. Zapatero apartó del caso al abogado del Estado nada más llegar al poder.
