La jueza de
La acusación procede de don Juan Francisco Franco Otegui y don Rafael Pérez Escolar. La jueza no sólo acepta los planteamientos de la acusación, sino que, consecuentemente, impone a Emilio Botín y José María Amusátegui una fianza solidaria de 56 millones de euros. Y a Emilio Botín y Ángel Corcóstegui otra por valor de 108 millones de euros.
La acusación pide para Botín dos penas de seis años de prisión y multa de veinticuatro meses, a razón de 300 euros por cada día de multa. Además, si la condena lo fuese por los dos delitos societarios de administración desleal y apropiación indebida se sumarían otras dos penas de prisión de cuatro años cada una. Y durante todo ese tiempo Emilio Botín no podría ejercer el cargo de administrador en ninguna entidad mercantil. Al mismo tiempo, se solicita para Amusátegui una pena de seis años de prisión y multa de doce meses, a razón de 300 euros por día, así como la correspondiente inhabilitación, mientras dure la condena. Para Ángel Corcóstegui se pide, asimismo, seis años de prisión y multa de doce meses.
Todo ello por las indemnizaciones que Amusátegui y Corcóstegui recibieron por abandonar el SCH. La acusación entiende que, con dinero de los accionistas, Emilio Botín "compró" a Amusátegui y a Corcóstegui para que abandonaran la entidad y quedase con todo el poder. Pero, no hay que olvidar que a este caso hay que sumar otro que también lleva la jueza Palacios y en el que se acusa a Emilio Botín de 38 casos de delito fiscal por el producto bancario de las cesiones de crédito. Y este caso, que viene de trece años atrás, cubre ahora su última etapa antes de la apertura de juicio oral.
El nerviosismo crece en el Santander Central Hispano. Recientemente, el banco interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, tras una reunión extraordinaria, el pasado 11 de marzo, del Consejo de SCH en apoyo de su presidente. Ahora, toda la lucha de la familia Botín consiste en conseguir que éste supere su odisea judicial y pueda hacer un ordenado traspaso de poderes a su sucesora natural, su hija Ana Patricia. Eso sí, en la entidad consideran que el banquero más famoso de España no tiene que tomar una decisión, ni está obligado a retirarse, hasta que no haya una condena en firme, y no mientras se celebra el juicio. Lo dicen los estatutos, pero lo malo es que si la sentencia fuera condenatoria también lo dirían los jueces. Entonces, Botín no se habría marchado: le habrían echado.
