España Educa en Libertad reitera su oferta de diálogo al Gobierno
Profesionales por la Ética denuncia que la abogacía del Estado pretende cobrar 600 euros en concepto de costas a los objetores de EpC que presentaron recurso ante el Supremo. La denuncia obedece a que la cifra está absolutamente desproporcionada con la praxis habitual, situada en cerca de 200 euros. Se pretende mermar el derecho de objetar y amedrentar a los objetores, señala el responsable jurídico de PPE, José Luis Bazán. No lo han conseguido porque de septiembre a la fecha se han presentado 250 recursos en Valencia, Toledo y Madrid. Además, el Superior de Justicia de Castilla y León ha eximido a 350 alumnos de cursar la polémica asignatura.
Por otra parte, la Plataforma de padres objetores España Educa en Libertad, reitera su voluntad de diálogo con el ministro Gabilondo. Eso sí, con dos premisas, señala su presidenta Marisa Pérez Toribio. En primer lugar que se reconozca la primacía de los padres en la educación moral y religiosa de sus hijos. Y en segundo lugar, que la asignatura sea absolutamente desprovista de todo tipo de adoctrinamiento.
Desde el Ministerio se sienten relativamente tranquilos porque la cifra de objetores no es grande. Pero es suficiente para que el problema permanezca enquistado. Sobre todo porque el asunto judicial está más que resuelto. Y la Abogacía del Estado, metiendo palos en las ruedas