El abogado ha presentado Recurso de Apelación ante la Sala Primera de la Audiencia nacional y aclara en su informe que el delito no ha prescrito. Considera que el Santander se benefició de 3.547 millones de euros al serle adjudicado Banesto, además de quedare con el banco, claro está. Escolar afirma que Garzón confunde en el auto el caso Banesto I, donde se juzgó al equipo de Mario Conde, con el Banesto II, donde se pretende juzgar al beneficiado por la crisis de Banesto : el Santander. Eso sí: el presidente de la Sala de lo Penal es Javier Gómez Bermúdez, que ni tan siquiera ha permitido que se abra el juicio sobre cesiones de crédito, una instrucción que ha durado 14 años. Entre los principales acusados se cuenta Luis Ángel Rojo, que intervino Banesto cuando era gobernador del Banco de España, se lo regaló a Botín... y ahora es consejero del Santander
El recurso de apelación (ver documento completo) del ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, comienza con las mismas citas que ilustraron la acusación a la que el juez Baltasar Garzón dio carpetazo : ¡Ay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados! A la que se añade otra de Herbert Spencer, para quien todo delito impune engendra una familia de delincuentes.
El ex consejero de Banesto, acusa a Baltasar Garzón de no practicar la menor prueba para esclarecer las reprochables conductas de unos querellados que aparecen revestidos de tanto poder económico, político y mediático. Además, el instructor, esencialmente, viene a fundamentar su decisión desestimatoria en que los hechos relatados en mi querella corresponde al Caso Banesto, por lo que no considera pertinente entrar en nuevas averiguaciones ya que, según él, han sido judicialmente tratados en diversas estancias. En este sentido, Escolar aclara que el Caso Banesto (lo que por comodidad expositiva hemos llamado en Hispanidad el Banesto I) no se encausó a Emilio Botín, Alfredo Sáenz, Luis Ángel Rojo o Miguel Martín, como se pedía ahora, sino a la otra trinchera, es decir, al equipo intervenido que lideraba Mario Conde. Es decir, que no tiene nada que ver.
Es al equipo reflotador, y al banco que se hizo con Banesto, es decir, al Santander, a quien Escolar acusa de un fraude cuantificable en 3.547 millones de euros, el más grande de la historia económica española, entre malversación de caudales públicos los que el Estado dio para reflotar Banesto- e impuestos no abonados. La tesis esencial de Pérez Escolar es que se regaló Banesto a Botín, lo que le convirtió en el primer banquero del país, y que, además, se recuperaron los créditos presuntamente morosos pero Botín y Alfredo Sáenz no devolvieron el dinero que el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (Banco de España) había destinado a dichos, y presuntos, fallidos. En plata, que Botín hizo el negocio de su vida y Alfredo Sáenz consiguió auparse a la dirección del nuevo banco.
Asimismo, niega Escolar que el informe haya prescrito, dado que Banesto se intervino el 28 de diciembre de 1993 (precisamente se cumplen ahora 13 años): El artículo 113 del Código penal de 1973, vigente cuando se cometieron los hechos, establecía un plazo de prescripción de quince años para las infracciones penadas con reclusión menor, siendo así que la malversación de caudales públicos (artículo 394) estaba castigada con esa pena si la cuantía malversada superaba los 2.500.000 pesetas. Y tampoco se producirían los efectos propios de la prescripción con arreglo al Código de 1995, toda vez que su artículo 131.1 la fija asimismo en quince años cuando la pena máxima señalada es la de inhabilitación por más de diez años. A su vez el artículo 432.2 establece una pena accesoria de inhabilitación absoluta hasta veinte años cuando la malversación revista especial gravedad, extremo sobre el que no cabe la menor duda puesto que la cuantía malversada asciende en el caso que denunciamos a 327.900 millones de pesetas cuando menos.
En 1993 el gobernador del Banco de España, es decir, quien tomó la decisión de intervenir Banesto, era Luis Ángel Rojo. Hoy, Rojo es consejero del Banco Santander. El subgobernador era Miguel Martín. Hoy, Martín es el presidente de la patronal bancaria AEB a instancias de Emilio Botín.
En Hispanidad siempre hemos mantenido la tesis de que hubo razones económicas, pero más bien políticas, para intervenir el banco que presidía Mario Conde. Ahora bien, lo que está fuera de toda duda es que se infló interesadamente el agujero real de Banesto y, aun menos dudas existen de que el poder convirtió a Emilio Botín en el primer banquero de España con un super-regalo que llevaba una buena dote económica. Esta segunda investigación es a la que el juez Garzón, por el momento, ha dado un sonoro carpetazo. Y las perspectivas no son buenas, si consideramos que la Sala de lo Penal del Audiencia Nacional está presidida por Javier Gómez Bermúdez, el hombre que, tras unas instrucción de 14 años, muchos de ellos bajo la coordinación de su colega Teresa Palacios, dio carpetazo, en la fase previa, sin tan siquiera abrir el juicio, al caso de las Cesiones de Crédito.
Por cierto, tanto en el Caso Banesto como en las cesiones, tanto con Garzón como con Bermúdez el uno considerado progresista, el otro conservador, y ambos enfrentados por la Presidencia de la Sala- la actitud de la Fiscalía ha sido la contraria de las que se presume a su condición, con un apoyo sin fisuras al acusado Botín (aunque no así a los titulares de las cesiones de créditos). En este sentido, el querellante alude a la relación profesional del fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido Ferreiro, principal apoyo de Emilio Botín, con el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y, antes en el tiempo, con su trabajo en el franquista Tribunal de Orden Público.
