A primera hora de la mañana, el Instituto de Empresa Familiar remitía sus propuestas a diferentes miembros del Gobierno y de los partidos políticos: Salgado, Corbacho, Sebastián, Vallés, Montilla, etc. Lo más novedoso es una pensión voluntaria pero pública del 3%. Se trataría de fomentar los planes personales de ahorro, pero dentro del sistema público que -según el presidente del IEF, Pedro Simón- ofrece más confianza a los ciudadanos españoles. Simón cree que hay garantías de cobro porque las reformas que se van a acometer en el Pacto de Toledo garantizan la viabilidad del sistema.
La viabilidad del sistema, sí, pero no la cuantía. Es decir, cobraremos todos, pero no sabemos cuánto. Y el proceso de envejecimiento poblacional parece apuntar a que cobraremos cada vez menos. El mismo Granado abogaba este martes por recortar ligeramente las cuantías en el 97% de los casos. El pasado más cercano ha sido de recortes en las prestaciones. Y el futuro también: ¿qué otra cosa es el alargamiento de la vida laboral y la prolongación del período de cálculo? Así que la propuesta del IEF no es sino un guiño al ministro Corbacho. Porque en el fondo será ingresar más y ya veremos si se cobra. El propio Gobierno calcula que el sistema entrará en números rojos en el 2023.