La talidomida era un relajante que se empezó a recetar a las embarazadas que tenían vómitos con ocasión del embarazo. Algunos de estos hijos nacieron con enfermedades limitantes. En 1965 se prohibió la dispensa de la talidomida, pero el daño ya estaba hecho. Entre medias, toda una generación de talidomídicos: enfermos marcados por las disfunciones del fármaco maldito.
Pues bien no ha sido hasta ahora que el Estado ha asumido sus responsabilidades. Al fin y al cabo, el fármaco pasó los controles y el visto bueno de la Agencia del Medicamento. En línea con lo practicado en otros países, el ministerio de Jiménez aprobó ayudas para estos enfermos que van entre los 30.000 euros para los que tienen entre un 33 y un 44% de discapacidad a los 100.000 euros para los que tienen el 100% de discapacidad. Llega con 50 años de retraso. Aunque nunca es tarde si la dicha es buena. Incluso para Trini.
Andrés Velázquez
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