Bélgica ratificó el convenio internacional sobre la represión de los atentados terroristas con bombas, aunque presentó una reserva al artículo 11 del mismo en el que se afirma que ningún delito será considerado como político a efectos de extradición o asistencia jurídica mutua. O sea, que Bélgica permanece anclada donde estaba y se sigue negando a la extradición de etarras a España por considerarlos delincuentes políticos. Un concepto inexistente en una democracia como España.
Por supuesto, el servicio Exterior español considera que la reserva belga contraviene el objeto y fin del Convenio sobre la represión de los atentados terroristas con bombas. Además, Exteriores considera que la reserva belga es contraria a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que se exhorta a todos los estados a que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas.
Lo contrario, seria justificar las actuaciones de los terroristas por razones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas o religiosas, que es exactamente lo que Bélgica está haciendo en abierta contradicción con el Convenio. El asunto es aun más grave si tenemos en cuenta que se trata de un socio comercial, un aliado estratégico y un país miembro de la UE. ¿A qué viene esta permanente sospecha? Bélgica anunció durante la reunión del Grupo de Trabajo del Consejo de la UE sobre Derecho Internacional Público del pasado 8 de febrero que retiraría la reserva. Esperemos que cumpla.
