Ahora se entiende la paciencia del Gobierno argentino a pesar del caos aéreo provocado por la filial de Marsans, Aerolíneas Argentinas. El Gobierno argentino se muestra dócil con la pareja formada por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, tan dócil como la prensa española, que guarda silencio sobre el informe de la agencia Tributaria, que concluye que la pareja de empresarios han evadido a la Hacienda pública una cantidad superior a los 100 millones de euros... en el caso Aerolíneas. El sindicato de técnicos de Aerolíneas APTA, se niega a aceptar las presiones del Gobierno para alcanzar un acuerdo con Marsans

Lo ha contado el segundo diario argentino, La Nación, echando mano del informe oficial: de los 14,9 millones de pesos que se gastó en su campaña electoral doña Cristina Fernández de Kirchner, nada menos que un 85% fue financiado por 162 empresas, entre las que figuran -¡qué peligro!- laboratorios farmacéuticos y empresas pesqueras, todas ellas dependientes en mayor medida del erario público o de la regulación pública. Pero lo más sorprendente es que la tercera empresa que más aportó -por encima de los 100.000 dólares- fue Aerolíneas Argentinas, propiedad de Marsans, cuyos titulares son el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y Gonzalo Pascual. Es curioso que Marsans financie la campaña de la peronista Cristina Fernández, con la que mantienen unas pésimas relaciones desde que el Gobierno Aznar les regalara Aerolíneas Argentinas (ARSA) y encima les proporcionara cerca de 800 millones de dólares del erario público español para reflotarla.

Ahora se entiende las buenas palabras y la consideración que el Gobierno argentino ha tenido con Díaz Ferrán y Pascual, a pesar del caos aéreo que ha enseñoreado de los dos aeropuertos bonaerenses. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno ha sido aumentar las subvenciones públicas para los vuelos de cabotaje, de la que ARSA es la principal beneficiada. Más ayudas públicas a cambio de financiación electoral que no convence a los trabajadores, quines ven cómo se deteriora el servicio y se vacía la empresa. APTA, el sindicato de técnicos de ARSA no está dispuesto a firmar la paz social que le exige el Gobierno, al menos no con Marsans.    

Esta docilidad del Gobierno argentino ante Marsans es muy similar a la de la prensa española, de la que Marsans es uno de sus principales accionistas. Por ejemplo, ningún periódico se ha hecho eco de la nueva etapa que se abre en el Juzgado número 35 de Madrid, donde se desarrolla la causa penal  contra Díaz Ferrán  y Gonzalo Pascual -así como contra Antonio Mata, el primer presidente que los dos empresarios colocaron en ARSA- por desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal.

La juez Gema Gallego solicitó un informe a la Agencia Tributaria, y ésta dictaminó, y así lo declaró el autor del mismo en el Jugado, que Ferrán, Pascual y Mata, habían evadido 107 millones de euros al fisco precisamente por el caso Aerolíneas. Sin embargo, la publicidad de la mayor agencia de viajes del país, propietario también Air Comet, y hasta hace seis meses de la publicidad de Spanair y de Pullmantur, ha hecho que la prensa española, sabedora de los hechos, guarde un doloso silencio.