Nada más aterrizar como presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau se enfrenta a una querella.

Dos interventores judiciales, en representación de los acreedores de Aerolíneas Argentinas (entre los que se cuenta el Estado argentino), han presentado en Madrid una querella contra la sociedad Air Comet (filial de Marsans), la SEPI, el grupo Repsol YPF y Royal Romana Playa, sociedad propiedad del presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata. El motivo es el concurso de acreedores de la compañía de bandera argentina, que los minoritarios, así como el propio Gobierno argentino, consideran que fue fraudulento.

En otras palabras, se extiende a España la causa judicial que se sigue en Buenos Aires por la privatización de Aerolíneas por parte de la SEPI.

El erario público otorgó la antigua aerolínea de bandera argentina al Grupo Marsans, liderado por Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, además de otorgarle 758 millones de dólares para reflotar la aerolínea, 300 de ellos para pagar deudas. Y aquí empezaron los problemas. Curiosamente, el presidente de Aerolíneas nombrado por el Grupo Marsans, Antonio Mata, recibe el dinero y en lugar de pagarlo a sus deudores, se subroga los créditos. Ahí empieza un desacuerdo profundo que ha llevado al Gobierno argentino a impugnar las cuentas de Aerolíneas correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003. Ahora, las querellas en la Argentina se extienden a España y el Grupo Marsans alega que los abogados no están debidamente representados para interponer esta querella.

El caso es que SCH, BBVA, Citigroup y la propia SEPI cobraron sus deudas, dado que estaban garantizadas por la propia SEPI. Repsol también cobró los 57 millones de dólares que le correspondían, pero siguió figurando como acreedor para facilitar que Marsans consiguiera una quita de nada menos que el 60% a otros acreedores minoritarios. En resumen: presuntamente, dado que no es cosa juzgada, Repsol YPF cobró sin quita, cobró sin corralito, es decir, sin pesificación, lo que habría reducido la cantidad a un tercio, y coadyuvó a que Marsans pudiera subrogarse los créditos.

El caso Aerolíneas ha sido uno de los argumentos (no el único, pero sí uno de ellos) utilizado por el Gobierno para presionar a Alfonso Cortina para que abandonara la Presidencia de Repsol YPF, un abandono sobre el que hay que insistir no hay motivos empresariales, sino políticos. Curiosamente, el gran beneficiado por el acoso del Gobierno español a Cortina ha sido La Caixa, quien ahora tendrá que pechar con la querella, eso sí, en compañía del principal implicado, que sería la SEPI.