Mucho se ha hablado sobre el negocio de los centros aborteros en la práctica de los 77.125 abortos "legales" realizados en España según las últimas estadísticas oficiales. Se trata de un negocio muy lucrativo basado, sobre todo, en la explotación de la situación de estrés de la madre y en los conciertos con las Consejerías de Sanidad, que financian por la puerta trasera gran parte de los abortos producidos en España con absoluta falta de transparencia. Tal y como denuncia www.impuestoporlavida.com, en varias ocasiones, tanto los movimientos provida como diputados españoles han solicitado información sobre la financiación pública del aborto. En ningún caso se han obtenido esos datos públicos por parte de las distintas Administraciones. Y eso a pesar de que los presupuestos de los Ministerios y Consejerías deberían obrar con absoluta transparencia al tratarse de fondos provenientes de nuestros impuestos.

 

Este es el negocio de la práctica no médica, sino "mecánica", del aborto, que según calculan los responsables de www.impuestoporlavida.com podría alcanzar los 10 millones de euros. Sin embargo, nada se ha escrito hasta la fecha sobre el "negocio intelectual" del aborto. Es decir, de aquellos científicos e investigadores que logran avanzar en la ciencia y progresar en sus carreras científicas gracias a la explotación poco transparente del "material" obtenido con abortos provocados. Hablamos de posibilidad de becas, acceso a publicaciones científicas, posibilidad de ascenso en el ámbito académico y reconocimiento por parte de la comunidad científica.

 

La investigación con fetos no está prohibida en nuestra legislación, de hecho es lícito realizar la autopsia en caso de aborto natural para saber la causa de muerte prematura. Según la Ley 42/1988 de 28 de diciembre sobre donación y utilización de embriones y fetos humanos, se autoriza la investigación siempre que medie información expresa y detallada sobre los fines que se persiguen con la misma. La misma Ley entiende que no dar esta información a los padres o a la madre del feto se entiende como una omisión grave y serán las autoridades quienes autoricen o no a realizar dicha investigación.

 

Y así, por ejemplo, tenemos el estudio realizado por el Servicio de Genética del Hospital Clínico Provincial de Barcelona. A. Soler, E. Margarit, A. Carrio, D. Costa, R. Queralt y F. Ballesta se sirven para sus investigaciones genéticas del cerebro de un aborto provocado debido a la decisión de los padres de acabar con el embarazo al diagnosticársele Síndrome de Down. Una práctica eugenésica que, en 2002, se cobró la vida de 2.300 personas, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad y Consumo. Conviene aclarar que el "material" del aborto provocado es mucho más "útil" para la investigación, ya que al haber sido, precisamente, provocado, puede ser tratado y trasladado con mayores garantías. Pues bien, este material permitió que los investigadores antes mencionados publicasen su trabajo en el Journal of Medical Genetics (Abril de 1999).

 

No son los únicos. También M.F. Sánchez-Font, A. Bosch-Comas, R. González-Duarte, J. Sebastia, C. Sanfeliu, R. Cristofol y G. Marfany, pertenecientes al Departamento de Genética de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, han utilizado en repetidas ocasiones restos de abortos de fetos de 18 a 23 semanas, diagnosticados Síndrome de Down por amniocentesis. Así se refleja en los trabajos publicados en Nucleic Acids Research 2003 Jun 1;31(11):2769-77 y Cell Molecular Life Science 2003 Jul;60(7):1513-23.

 

También resultan sospechosas las investigaciones dirigidas por el Departamento de Anatomía y Embriología Humana I de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por el ex vicerrector, Antonio Javier Puerta Fonollá. En varias ocasiones, el equipo utiliza abortos, cuya fuente y causa de muerte no es mencionada. Por ejemplo, esta información falta en la tesis doctoral de María Castro Sánchez de 1991 y en trabajos como Italian Journal of Anatomy and Embryology 1998;103 (4 Suppl 1):3-15 y 2001;106 (2 Suppl 2):155-60. Con Puerta han colaborado en estos temas J. Ruiz Cabello, T. Vázquez Osorio y A. Pena Melian.

 

Por último, también hay un investigador famoso de la neurociencia española, Luis Puelles, de la Facultad de Medicina de Murcia, que ha explotado varias veces para sus investigaciones el negocio humano de los abortos provocados. En este caso, los fetos son de origen francés, como puede comprobarse en las revistas Pediatric Pulmonology Supplement 1997;16:220-1., Journal of Comparative Neurolology 1998 May 11;394(3):283-308 y Brain Research Devevelopmental Brain Research 1996 Dec 23;97(2):251-9.

 

Esta información es pública y se encuentra en las bases de datos médicas como MEDLINE y ha sido facilitada por investigadores que observan cómo compañeros suyos no tienen ningún tipo de escrúpulo moral en rentabilizar científicamente el negocio de la muerte injusta. La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), consciente de este hecho utilitarista, va a solicitar al nuevo Ministerio de Sanidad que los restos humanos tras un aborto provocado sean enterrados o entregados a su madre tras la incineración. En algunos casos, estas investigaciones citadas anteriormente podrían encontrarse fuera de la ley, puesto que no se explicita con transparencia el origen del "material" utilizado en la investigación, amén de la merma científica que supone no mencionar la fuente y causa de muerte de los especímenes utilizados.

 

Es de suponer, además, que en muchos de estos casos tampoco se haya pedido el consentimiento informado a los progenitores. Dado el fraude existente en España a través del supuesto de peligro psicológico de la madre, es fácilmente intuible que no existe control alguno por parte de los centros aborteros a la hora de ceder o incluso comercializar con los "restos" de sus intervenciones.

 

Pero, aún suponiendo que tanto aborteros como investigadores fuesen escrupulosos en el cumplimiento de la legalidad, existe un escrúpulo moral que vulneran con gran laxitud. ¿Qué opinaríamos de quien investiga con los cuerpos de los ajusticiados en el corredor de la muerte? Con el agravante de que, en este caso, el verdugo (madre y "médico") desempeñan el doble papel de cedente de material y ajusticiador.

 

Claro que eso debe de ser demasiado sutil para quien crece profesionalmente y se beneficia del vino y las rosas. Pero ya era hora de poner nombre y apellidos a los doctores Mengele disfrazados de bata blanca. Estos investigadores con su aprobación se convierten en cooperadores de esta matanza silenciosa que cada año siega la vida de más de 77.000 futuros contribuyentes. Y el Gobierno, ¿qué opina de esto? Anuncia Ley de Plazos. Eso se llama velar por la legalidad y tener sensibilidad moral.

 

Luis Losada Pescador