Como es sabido, España sigue siendo potencia administradora del Sahara según la legalidad internacional a la que tanto apela el Gobierno Zapatero. Como también es sabido, la presencia española en el Sahara es más residual, más allá de los documentos nacionales de identidad que los más mayores del lugar exhiben con especial orgullo.
Pues bien, en "respeto" a la legalidad internacional, el Gobierno español se dispone a ceder los dos signos externos que manifestaban que seguíamos siendo potencia administradora. Por una parte, el espacio aéreo. Hasta ahora, las compañías aéreas que volaban al Sahara solicitaban permiso a las autoridades españolas para ocupar el espacio aéreo. Pero ahora, España renuncia.
Igualmente, España colocará aparatos SIBE, tanto en Marruecos como en el Sahara. Se trata de radares que permitan la lucha contra la inmigración ilegal. Lo curioso es que las autoridades españolas no distinguen entre Sahara y Marruecos y encima solicitan que sea la UE la que financie el proyecto vinculando a los Estados miembro al nuevo estado de cosas en relación al Sahara. Como prueba un botón: según información oficial, la Guardia Civil detuvo a 40 marroquíes que trataban de llegar ilegalmente a las costas españolas desde Maruecos. Pues bien, no era Marruecos, sino el Sahara. Quizás este fue el motivo de la reciente visita del ministro del Interior, José Antonio Alonso, a Marruecos.
