El anteproyecto de reforma del Código Penal había generado un enorme debate por parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo que consideraron que la reforma incluía medidas de apoyo a ETA. Hoy la vicepresidenta De la Vega ha reconocido en el corrillo posterior a la rueda de prensa del Consejo de Ministros que efectivamente es así, aunque ha calificado el tema como de técnico.
Así que la reforma queda como estaba, es decir, el gobierno desoye al Consejo de Estado en sus apreciaciones jurídicas que podrían beneficiar a los encausados en banda organizada. Se lían a escribir y no paran, pero no nos ha parecido que tuvieran razón, señala la vicepresidenta en relación al informe del Consejo de Estado. Una cosa es que no sea vinculante y otra que se ninguneado.
Así llegamos al gran precio político. Lo que de verdad va a suponer una concesión a la banda, por mucho que la vice insista en que no va a hacer comentarios sobre el portavoz de una formación política ilegalizada y que hay que seguir cumpliendo con la ley. Por debajo de la mesa, de tapadillo es como se ha terminado aprobando una medida vendida como meramente técnica.
