Al ministro Piqué, y por extensión al Gobierno Aznar, le ha salido un divieso en forma de una pequeña compañía de telefonía llamada Abbla. Resulta que en su día, esta sociedad, participada por el inefable ex vicepresidente (y pariente) de Telefónica don Juan Villalonga, firmó un acuerdo con Vodafone España, por el que le alquilaba parte de su red. Era la Vodafone de Ignacio Sánchez Galán, hoy consejero delegado de Iberdrola. Galán cedió un paquete den números a Abbla y este los vendió a sus abonados. Salió Galán y llegaron los nuevos directivos de Vodafone, a los que no les gustó el contrato. Le dijeron a Abbla que ellos necesitaban todo el espectro y que aquel contrato convertía a los chicos de Revuelta en u operador virtual, cosa que no contemplaba la legislación. Revuelta se fue a la comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y denunció a Vodafone.
En el entretanto, una legislación vaga, impulsada por la ministra Anna Birulés, afirmó que los operadores virtuales son legales siempre que lleguen a un acuerdo con algunos de las tres licencias de telefonía móvil existentes: Telefónica, Vodafone y Amena. Como a todas ellas les sobra clientes y les falta red, no están dispuestas a realquilar nada. Y en esas, va la Comisión y le otorga razón a Abbla. Total: que ha sentado jurisprudencia sobre los virtuales. Y ahora, ¿qué hará ese Gobierno del PP tan amante de la libre competencia? ¿Regular sobre los virtuales o continuar defendiendo a los tres operadores dominantes?
