La apertura de juicio oral por el caso de las indemnizaciones será posterior al de las cesiones de crédito, pero concluiría antes. El juez ponente será Luis Antonio Martínez de Salinas. Lo peor es que Botín afronta, en 2005, la digestión del Abbey y dos juicios de desgaste. La Asociación de Defensa del Inversor advierte a Solbes que si se condena a Botín por el asunto de las cesiones, el siguiente encausado sería el propio Estado español.
Será la Sección Tercera de la Sala I de la Audiencia Nacional la que juzgue a Emilio Botín, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, por presunto delito societario. Si la condena es negativa, el actual presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, el ex presidente, José María Amusátegui, y el ex consejero delegado, Ángel Coscóstergui, podrían ser condenados a entre 6 y 8 años de prisión, cada uno.
Según la providencia dictada el pasado 8 de octubre, el magistrado ponente será Luis Antonio Martínez de Salinas Alonso, que estará acompañado por los magistrados Murillo Bordillo y Lorente Martínez.
En el fondo, lo que se está juzgando es si Emilio Botín cometió un delito societario al comprar la retirada de José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui con dinero de todos los accionistas. Amusátegui se marchó de la Presidencia con una indemnización de 44 millones de euros, mientras Corcóstegui (en concepto de pensión en su mayor parte) abandonó el cargo de primer ejecutivo con 110 millones de euros, aunque en el banco se afirma que se trataba de una pensión de jubilación cobrada de una sola vez.
Eso sí, la responsabilidad civil queda aún en manos de la jueza de instrucción Teresa Palacios, la misma que ha llevado el caso de las cesiones de créditos.
El juicio por las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui comenzará no antes de la primavera. Es posible que el juicio de las cesiones de crédito se inicie antes, pero, sin duda, será más largo. En el caso de las indemnizaciones acusan, a título personal, Rafael Pérez Escolar y Francisco Franco Otegui. En el caso de las cesiones, será Iniciativa per Catalunya y la Asociación de Defensa de Inversores y Accionistas, cuyo equipo jurídico capitanea el abogado Iván Hernández.
El problema es si Emilio Botín será capaz de permanecer en sus cargos en un ejercicio 2005 que se le presenta difícil con dos juicios: uno de ellos con más de 200 testigos, que le tendrán sentado en el banquillo durante meses, y el de Amusátegui y Corcóstegui, que incluso podría provocar demandas de accionistas que se sintieran perjudicados, y que proporcionará una indeseada notoriedad. Todo eso, más la deglución del Abbey Nacional, su gran apuesta europea, y quizás no la última, dado que el SCH no ha renunciado al San Apolo.
Por otra parte, Iván Hernández ha hecho llegar al vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, una carta en la que le advierte que si a Emilio Botín y otros directivos del Santander se les condenara por el caso de las cesiones de crédito, por delito fiscal, la sentencia se volvería contra el propio Gobierno. Hernández se refiere a que el Gobierno Zapatero ha decidido que el abogado del Estado no se presente en la causa contra Botín, a pesar de que representa al perjudicado, esto es, al Fisco.
