La querella, presentada el pasado 4 de junio por el Centro Jurídico Tomás Moro, considera que tal imposición supone la comisión del delito contemplado en el artículo 542 del Código Penal, que pena con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de entre uno y cuatro años a la autoridad o funcionario que impidiere el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitución.
El Presidente de este Centro, Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, muestra públicamente su satisfacción porque "al fin los Juzgados y Tribunales se decidan a defender los derechos de todos los españoles, ya que la imposición de la Educación para la Ciudadanía es un retroceso social de efectos incalculables, por cuanto supone la introducción en las aulas de un adoctrinamiento político propio sólo de regímenes totalitarios e incompatible con nuestra propia Constitución". Igualmente felicita a los padres que con su objeción están haciendo posible la defensa de nuestras libertades. "Algún día la sociedad reconocerá el valor de estos padres que con su sacrificio personal están defendiendo la libertad de todos".
