Para aclararnos: Suez controla el 100% de Aguas de Barcelona (Agbar), mientras Criteria posee el 5,9% de Suez. Al mismo tiempo, alrededor del 28% del capital de Suez está en manos del gigante estatal Engie, cuyo máximo accionista es el Estado Francés que, en cualquier caso, controla más de un tercio de los derechos de voto gracias a una ley aprobada en 2014.

En otras palabras, Engie controla Agbar vía Suez. De hecho, la energética francesa puso a la venta a la española en el último trimestre de 2019, pero la operación no prosperó. Uno de los candidatos a comprar, al menos en teoría, fue Criteria, que actualmente posee el 5,9% de Suez y que en su día controló Agbar. Eran otros tiempos y no volverán.

En el grupo que preside Isidro Fainé ya sólo piensan en el modelo endowment, esto es, estar en el capital de muchas empresas, pero sólo con alrededor del 5%. Ya no interesa participar en la gestión de las empresas. Ahora lo primordial es asegurar la obra social de la Fundación Caixa y, para eso, según Criteria, lo mejor es el modelo endowment.

Volvamos a Engie. El gigante francés necesita liquidez y también baraja la posibilidad de vender alrededor de un 13% de Suez, con lo que su participación se quedaría en el 20%, suficiente para seguir controlando la compañía, matriz de Agbar.

En este contexto, aderezado con el confinamiento general -en España mucho más estricto y prolongado-, se celebra este martes 12 de mayo la Junta de Accionistas de Suez. Nada va a cambiar. Agbar seguirá bajo la tutela de Suez y ésta, a su vez, a las órdenes de Engie, es decir, del Estado francés.

Y la guinda del pastel: Amber Capital. El fondo dirigido por Joseph Oughourlian, que aspiraba a mucho -tanto o más que en PRISA-, sólo posee el 1,9% de Suez- y en estos momentos no pinta nada. Su último intento en tierras francesas también fracasó: hacerse con el control del grupo Lagardère, que celebró su Junta el pasado martes 5 de mayo.

Mientras, el presidente de Agbar y vicepresidente de Suez, Ángel Simón, ha aprovechado una entrevista en La Razón, publicada este martes, para pedir al Gobierno que tenga en cuenta el impacto que tendrá el hecho de que el consumo de agua se ha desplomado entre un 20 y un 40%. “Los efectos del estado de alarma en el consumo de agua durarán años, y hemos de arbitrar medidas que no dejen desprotegidas a las empresas suministradoras, ya sean públicas o privadas”, ha afirmado. De los consumidores ya se ocupa Agbar: “No cortamos ni cortaremos el agua a alguien que no pueda pagar. Nuestra convicción es no dejar a nadie atrás”, ha sentenciado Simón.