El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, “trabaja ya”, asegura, “para desactivar” el Real Decreto (octubre de 2017) de Álvaro Nadal por el que el Gobierno se reservó la fijación de los peajes eléctricos, una competencia que tenía la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

El presidente del regulador, José María Marín Quemada, se alegrará: presentó en diciembre un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo, admitido a trámite unos días después.

En paralelo, la Comisión Europea ya había pedido al Gobierno un año antes, en 2016, que diera más poder a la CNMC para fijar los peajes de acceso a la red de transporte y distribución de energía. Es el único país que no ha adaptado todavía la legislación europea en esa materia.

La CNMC recurrió el decreto de Nadal después de pedirle que se retractara

Abrió por ese motivo un procedimiento de infracción, algo no resuelto todavía, y el caso podría derivar en “multas significativas” contra España. Ese expediente está a punto de ser remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha enviado cartas, tanto a Marín Quemada como al comisario europeo de Energía, Arias Cañete, en las que muestra su voluntad de resolver el conflicto lo antes posible. Propone, en concreto, la creación de un grupo de trabajo para “definir un marco legal adecuado en esta materia”.

La pelea entre Nadal y Marín Quemada viene de atrás. El ministro no dio su brazo a torcer para retractarse tras el decreto de octubre y dos meses después presentó el recurso ante el Supremo contra varios artículos. La nueva ministra ya había avanzado su  intención de resolver el entuerto.

Entre los puntos recurridos están, además de los peajes de acceso a las redes, las inspecciones y las liquidaciones, la potestad sancionadora y la de supervisión de los mercados y control de operaciones.