Daniel Ortega, presidente-dictador de Nicaragua. Su represión ha causado cientos de muertos
Nueve nicaragüenses que protestaron contra el Gobierno sandinista del dictador Daniel Ortega recibieron condenas este lunes de entre 15 años y 24 años de prisión por un supuesto delito de terrorismo en perjuicio del Estado de Nicaragua, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de personas muertas, informa El Nuevo Diario.
Los nueve hombres, originarios del municipio de Tipitapa, 25 kilómetros al norte de Managua, fueron hallados supuestamente culpables el pasado 3 de octubre por los delitos de terrorismo y posesión de armas de fuego y municiones.
La jueza segunda de distrito penal de juicio de Managua, Adela Cardoza, condenó a 24 años a Wilmer Martínez, líder del grupo, y a 20 años a Ervin Zamora, Daniel Sánchez y Junior Sánchez. Mientras que a Juan Carlos Bermúdez, José García, Wilfredo Orozco, Mauricio Paniagua y Yudielka Flores les fijó una pena de 15 años.
Nicaragua vive una crisis social y política que consta de un saldo de entre 322 y 512 muertos por la represión gubernamental
Según los argumentos del Ministerio Público, los sentenciados, además de impedir la libre circulación y movilización, cobraban peaje o amenazaron con matar a los que no accedían a sus exigencias.
Hay que recordar que Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos por la represión gubernamental, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
Daniel Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de golpe de Estado
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Sin embargo, el presidente-dictador Daniel Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".