La sesión de control al Gobierno en el Senado, martes 14 fue una sesión de control a Pablo Iglesias y a su pareja, Irene Montero, dos ministros y un solo hogar. 

Como buena sesión de control no sirvió para nada sino para que fuera retrasmitido por el canal 24 horas de RTVE, pero sí sirvió para sacar a colación el caso Dina... que no es una cuestión menor. No porque se demuestra que el feministo rijoso, señor Iglesias, utilice a las mujeres como objetos, sino porque representa el espectáculo del verdugo haciéndose pasar por víctima, del denunciador de ‘las cloacas del Estado’ creando su propio cloaca e intentando utilizar a la justicia.

Y eso es, precisamente, lo que ha cabreado al juez Manuel García-Castellón: que Pablo Iglesias trate de tomarle el pelo y de utilizarle. Eso no se hace con Su Señoría y es entonces, cuando, según comunican a Hispanidad fuentes de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, remitirá el Caso Dina al Tribunal Supremo. ¿Eso significa que ha encontrado indicios de delito en un aforado, de nombre Pablo Iglesias? La respuesta es positiva.

Y eso es lo que obsesiona a Pedro Sánchez y a todo el Gobierno socialista. Porque hoy mismo, tras el Consejo de Ministros del martes 14 -Fiesta Nacional francesa, no lo olvidemos-, la portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que este Gobierno está unido, más que nunca, tras el coronavirus (eso une mucho) y que durará toda la legislatura.

Y eso está muy bien… salvo que tengas a un vicepresidente imputado por un asunto tan retorcido, y tan risible, como las confesiones, realizadas “en el acto”.

Por tanto, un Gobierno para tres años salvo que Podemos se convierta en una rémora. Y en Euskadi y en Galicia el lobo ya ha enseñado la patita.

La imputación de Pablo Iglesias supondría, a pesar de la impunidad, tan habitual en la izquierda, que el Gobierno tendría poca vida. Pero recuerden que Sánchez se ha cerrado la otra alternativa: la del Partido Popular.