La iniciativa ‘Ambulancia Vida’ se sitúa delante de los abortorios y se limita a informar a las madres mediante ecografías o escuchas del latido del corazón de sus hijos, todos ellos terribles delitos…
El pasado 12 de mayo, el PSOE presentó una proposición de ley orgánica para reformar el art. 172 del Código Penal. Se trata de calificar como “coacciones” las actividades de los provida frente a los centros de abortos, informa Ambulancia Vida.
Así lo señala el PSOE en su exposición de motivos: “Queremos penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo”.
La pena propuesta es de 1 a 3 años de cárcel y también el alejamiento del centro abortista entre 6 meses y 3 años para quien “hostigue o coarte la libertad de la mujer que pretende ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Las penas también se extenderían para quien “promueva” o “favorezca” las concentraciones en las proximidades de centros abortistas. Además, basta con mostrarles el ‘bebé Aído’ para que también lo consideren acoso…
La propuesta del PSOE es la respuesta a la reivindicación de la patronal de centros de abortos desde hace tiempo. Es decir, el PSOE se convierte en el ariete político de los intereses empresariales de la industria de la muerte.
Pero detrás de las reivindicaciones de los abortorios y de los intereses empresariales que mueven la industria del aborto, el gobierno sociopodemita da un paso más allá y ataca también la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Hasta el punto de seguir estrategias como la de informar a quienes quieren abortar de que pueden presentarse en urgencias y pedir que les practiquen la interrupción del embarazo, precisamente, como una urgencia. De manera que aunque un médico se niegue a practicarlo, al tratarlo como urgencia, tendrán que encontrar otro que deba practicarlo.
