- El Consejo de Seguridad Nuclear acepta recortar en un año el plazo para pedir la renovación de permisos.
- Claro que ese margen no es más que un parche del ministro para maniobrar con la rebelión de las eléctricas.
- El escollo principal: la amenaza de cierre de las cinco centrales si no mejoran las condiciones fiscales.
- La nota de color en el CSN la da Cristina Narbona, cuya oposición a la energía nuclear no es formal sino frontal.
Dicho y hecho. El ministro de Energía,
Álvaro Nadal, propuso al
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dar más margen a las
eléctricas (de tres años a dos) para solicitar los permisos de renovación de las centrales nucleares, y el
CSN le ha dicho que bien, como indica en un
comunicado. ¡Qué remedio!
El organismo que preside Fernando Martí (
en la imagen) lo ha decidido, además, con un único voto discrepante que no sorprende, el de la consejera
Cristina Narbona, cuya oposición a la energía nuclear no es formal sino frontal.
Así las cosas, se recogen las
modificaciones aprobadas por el Pleno del Consejo en febrero, que afectan a las revisiones periódicas de seguridad,
y se añaden las órdenes ministeriales de Nadal sobre los plazos.
¿Cambia algo? Lo dicho: sólo el plazo, con el que Nadal
intenta salir del atolladero en el que está, básicamente por la oposición de las eléctricas, que
han amenazado con el cierre de las cinco centrales (siete reactores) si no no cambian las
condiciones fiscales, que convierten ese negocio en una ruina.
Por eso piden -y no van de farol- acabar con el
impuesto especial del 7% que introdujo la reforma Soria y otras
tasas para salvar el
déficit de tarifa y otras más, en términos de coste, por las nuevas exigencias de seguridad desde el accidente de
Fukushima.
La oposición de los propietarios (Iberdrola, Endesa y Gas Natural) es tan
unánime como frontal, mientras queda por resolver el
modelo de transición energética. Eso sí, con una realidad sobre el mantel: España depende en un 22% de la energía nuclear, pero
el Gobierno no está dispuesto a correr ningún riesgo político con el Parlamento, mayoritariamente contrario a la
energía nuclear.
Y las cuentas, como ya les hemos explicado, no salen, por las subvenciones de 7.000 millones anuales a las energías eólica y solar. Difícil solución.
Rafael Esparza