Agentes de la Guardia Civil registran este jueves la sede de Diplocat por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, según informa TVE. Se investigan los preparativos del referéndum del 1-O en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

En un informe, la Guardia Civil estima que estos contratos tuvieron un coste de 119.700 euros, añade El Periódico.

El citado informe señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referéndum, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.

Los investigadores constataron que el Diplocat realizó dos transferencias desde sus cuentas en Bruselas a The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de "contrato de servicios".

En un auto del pasado 3 de noviembre, el juez del 1-O requirió a la Generalitat que le desglosara el coste del referéndum, incluidos los gastos del traslado y la estancia de los observadores internacionales invitados para supervisarlo.

Se da la circunstancia de que el Gobierno echará mañana el cierre al organismo, en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El pasado martes, el Ministerio de Exteriores publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) una orden aprobada el viernes por el Consejo de Ministros con medidas para la "liquidación y extinción" definitiva del Diplocat.

El Gobierno acordó en enero esta medida, pero no se ha ejecutado hasta ahora a la espera de que el Tribunal Supremo resolviese los recursos presentados por el Ayuntamiento de Barcelona y la Associació Catalana de Municipis.

El Diplocat era el ministerio de Exteriores 'en la sombra' de la Generalitat. Se ocupaba de la promoción de la causa independentista en el exterior, recuerda ABC.

Por otra parte, la defensa de Tamara C.G., la activista detenida el martes en Viladecans (Barcelona) por la Guardia Civil, niega que su clienta liderara los Comités de Defensa de la República (CDR) u organizara actos de sabotaje y se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil, recoge RTVE.