El 2 de junio la Asamblea de Irlanda del Norte votó a favor de una moción que rechaza la "imposición" de la legislación que permite abortar a niños con discapacidad, incluido el síndrome de Down, hasta el nacimiento del bebé, publica Aciprensa.

Si bien la moción aprobada no es vinculante, es decir, que no alterará la ley que ya entró en vigor el 31 de marzo en Irlanda del Norte, envía un mensaje a los parlamentarios de Westminster que “impusieron” esta legislación. Además, dará un impulso a aquellos que hacen campaña para que las leyes del aborto sean determinadas por la Asamblea de Irlanda del Norte.

Un día antes de la votación, los obispos católicos de Irlanda del Norte exhortaron a los miembros de la Asamblea a rechazar las nuevas regulaciones sobre el aborto, que para ellos fueron impuestas “sin el consentimiento del pueblo de Irlanda del Norte”. “Los políticos y todas las personas de buena voluntad que reconocen la naturaleza extrema del reglamento, no deberían aceptar dócilmente su promulgación”, señalaron los obispos en una carta a los legisladores.

El 2 de junio, la Asamblea debatió las nuevas regulaciones en respuesta a una apelación de Heidi Crowter, una mujer de 24 años con síndrome de Down que aboga por los derechos de las personas con discapacidad.

“Esta Asamblea acoge con beneplácito la importante intervención de Heidi Crowter, activista por la discapacidad, y rechaza la imposición de una legislación sobre el aborto que se extiende a todas las discapacidades no fatales, que incluye el síndrome de Down”, señalaron los miembros de la Asamblea sobre la moción que obtuvo un resultado de 46 a 40 votos a favor.

Los miembros de la Asamblea rechazaron una enmienda propuesta por Sinn Féin, partido político nacionalista irlandés que apoyó la llegalización del aborto en Irlanda del Norte

La enmienda aprobada por 52 contra 32 votos fue redactada de forma más cuidadosa y se enfoca en "la disposición legislativa específica en la legislación sobre el aborto, que va más allá de las anormalidades fetales fatales para incluir discapacidades no fatales, incluido el síndrome de Down", pero no cuestiona otras aspectos de la ley.

Arlene Foster, primera ministra de Irlanda del Norte y líder del Partido Unionista Democrático que propuso la exitosa moción, publicó el 2 de junio en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Nuestros parlamentarios aumentarán este resultado en Westminster. Un asunto como este, cuyo poder es delegado, debería ser decidido por la Asamblea de Irlanda del Norte”.

En julio de 2019, el Parlamento británico aprobó la “Ley de Irlanda del Norte (Formación ejecutiva, etc)”, con enmiendas que legalizan el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La ley entró en vigor el 22 de octubre, pero la Asamblea de Irlanda del Norte no pudo negociar este asunto antes del 21 de octubre, pues había sido suspendida durante los últimos dos años debido a una disputa entre los dos principales partidos gobernantes.

El Reglamento sobre la ley de aborto de 2020 en Irlanda del Norte permite abortos electivos hasta las 12 semanas de embarazo; abortos en casos de riesgo para la salud física o mental de la madre hasta la 24 semanas; y abortos sin límite de tiempo en casos de insuficiencia fetal severa o anormalidad fetal.

En julio de 2019, el Parlamento británico aprobó la “Ley de Irlanda del Norte (Formación ejecutiva, etc)”, con enmiendas que legalizan el aborto y el homomonio

Anteriormente, el aborto se permitía legalmente en la región solo si la vida de la madre estaba en riesgo o si existía el riesgo de daños graves o permanentes a su salud física o mental a largo plazo.

Según el ministro de Salud, Robin Swann, en solo siete semanas, entre el 31 de marzo y el 22 de mayo, se realizaron 129 abortos en Irlanda del Norte. En enero, el Departamento de Salud de Irlanda del Norte reveló que se habían realizado ocho abortos en hospitales en el 2018 y 2019.

El 2 de junio, Catherine Robinson, portavoz de Right to Life UK, organización provida del Reino Unido, señaló que "la votación de esta noche ha dejado en claro que el Gobierno del Reino Unido debe devolver urgentemente este tema delegado a los representantes electos del pueblo de Irlanda del Norte en la Asamblea”.

“El Gobierno del Reino Unido y Westminster ahora no tienen absolutamente ningún mandato para imponer estas regulaciones extremas en Irlanda del Norte”; concluyó.