Con la complicidad de jueces y fiscales, la policía, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y los funcionarios de prisiones iraníes han cometido una larga lista de escandalosas violaciones de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos contra personas detenidas en relación con las manifestaciones que barrieron el país en noviembre de 2019. Así lo ha afirmado Amnistía Internacional en un condenatorio informe publicado hoy.

El informe, titulado ‘Trampled Humanity: Mass arrests, disappearances and torture since Iran’s 2019 November protests’, documenta los angustiosos relatos de decenas de manifestantes, transeúntes y otras personas que fueron detenidas violentamente, sometidas a desaparición forzada o recluidas en régimen de incomunicación, desprovistas sistemáticamente de acceso a asistencia jurídica durante los interrogatorios, y torturadas reiteradamente para hacerlas “confesar”. Son los relatos de algunas de las 7.000 personas (hombres, mujeres, niños y niñas) detenidas por las autoridades iraníes en cuestión de días durante su brutal represión de las manifestaciones.

Entre las víctimas hay niños y niñas de tan sólo 10 años

Entre las víctimas hay niños y niñas de tan sólo 10 años, manifestantes y transeúntes con heridas de bala que fueron detenidos en los hospitales donde acudieron para recibir atención médica, personas que defienden los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías, periodistas y personas que participaron en ceremonias en memoria de quienes habían muerto durante las protestas. Desde entonces, cientos de personas han sido condenadas a penas de prisión y flagelación y varias más a muerte, tras juicios manifiestamente injustos presididos por jueces parciales y celebrados a puerta cerrada, que normalmente duraban menos de una hora y que se basaban sistemáticamente en “confesiones” obtenidas mediante tortura.

Según la investigación llevada a cabo por la organización, con frecuencia a las víctimas las encapuchaban o les vendaban los ojos, les daban puñetazos, patadas y latigazos, las golpeaban con palos, mangueras de goma, cuchillos, porras y cables, las colgaban de ganchos o las obligaban a permanecer en dolorosas posturas en tensión durante periodos prolongados, las privaban de alimentos suficientes y de agua potable, las recluían en régimen de aislamiento prolongado, a veces durante semanas o incluso meses, y les negaban la atención médica por heridas recibidas durante las protestas o a causa de las torturas.

Otros métodos documentados de tortura consistían en desnudar a las personas detenidas y mojarlas con agua fría, someterlas a temperaturas extremas y a bombardeos de luz o acústicos, arrancarles las uñas de las manos y los pies, rociarlas con aerosoles de pimienta, administrarles forzosamente sustancias químicas, aplicarles descargas eléctricas, someterlas a simulacros de ahogamiento y realizar simulacros de ejecución.

Además, según la información recibida por Amnistía Internacional de fuentes primarias, las personas encargadas de los interrogatorios y los funcionarios de prisiones cometieron actos de violencia sexual contra detenidos varones; entre otras cosas, los obligaron a desnudarse, les dirigieron insultos de carácter sexual, les rociaron con aerosoles de pimienta en la zona genital y les aplicaron descargas eléctricas en los testículos.