- Señala en un circular su "obligación de cumplir la legalidad" y que la normativa aprobada por el Parlament "ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional".
- No es el único problema para Puigdemont. Se añade a otros logísticos, como el lugar para consulta, la abstención para estar las mesas, la impresión de papeletas, el censo, las urnas, los sobres…
- Soraya asegura a los 'afortunados' en el sorteo que no deben colaborar con ese referéndum, y que el Gobierno no permitirá que la Generalitat perturbe sus derechos.
- Y ya de paso, la Fiscalía pide que el ex conseller de la Generalitat, Germà Gordó no pueda salir de España.
La
Generalitat de Cataluña ya ha comenzado a enviar las notificaciones que designan a los ciudadanos que el
próximo 1-O configurarán las mesas electorales. Son 55.000 personas que configurarán las 6.300 mesas electorales previstas para el referéndum de independencia del 1 de octubre.
Así se refleja en la normativa electoral de la nueva web abierta anoche tras el cierre por orden de un juez de la página que recogía todos los detalles del referéndum.
Pero los independentistas se han encontrado con otro problema de orden logístico no menor. Y es que la dirección de
Correos ha remitido una circular interna a los directores de oficinas y sucursales recordándoles que, en cumplimiento de la ley,
deben abstenerse de tramitar cualquier tipo de envío relacionado con el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre que ha suspendido el Tribunal Constitucional, informa
ABC.
La compañía asegura que la circular obedece a su "obligación de cumplir la legalidad", y que en esta caso se trata de una normativa aprobada por el Parlament de Cataluña, "que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional". Por ello, explica Correos, "
recordamos a los trabajadores que no se puede colaborar administrativamente" con la consulta.
A ello se suman los
otros problemas logísticos, como el lugar donde celebrar la consulta, la no asistencia de muchos ciudadanos a los que les ha tocado formar parte de las mesas,
la impresión de las papeletas y de las actas, la consecución del censo, las urnas y los sobres…
En ese contexto, la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha denunciado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, esté "presionando" a los alcaldes para que cedan locales para el 1-O y "violentando" a los ciudadanos mandándoles cartas para que formen parte de las mesas electorales, recoge
RTVE.
La número dos del Gobierno se ha dirigido a los ciudadanos catalanes para asegurar que no tienen que colaborar con ese referéndum y no deben hacerlo, y que el Ejecutivo no va a permitir que la Generalitat perturbe sus derechos.
Tras asegurar que los independentistas han "perdido el norte", la vicepresidenta ha recalcado que al Estado de Derecho no le "temblará el pulso" ante este desafío secesionista, "siempre dentro de la ley", y ha garantizado que tienen previstos "todos los escenarios".
Después de que la
Guardia Civil cerrara la web que promociona el referéndum pero los independentistas la abrieran de nuevo en otro dominio, la vicepresidenta ha afirmado que era "lo esperado y lo esperable, que tuvieran preparadas una, dos o tres páginas". Sin embargo,
ha expresado su confianza en los expertos en delitos informáticos y añadido que esto será para la Generalitat "pan de un día, pan para hoy y hambre para mañana".
Y ante el hecho de que la Fiscalía haya citado a los alcaldes que apoyan el referéndum bajo advertencia de detención si no comparecen,
la vicepresidenta ha señalado que este hecho demuestra que "funciona la ley" y que el Estado de Derecho "no va a permitir el desgobierno" en Cataluña.
A su entender, esos alcaldes tienen que ir y tienen derecho a defenderse y explicar lo que tengan por "oportuno" porque la ley se aplica a todo el mundo. "Los que no quieran ir, están incumpliendo una obligación que se llama
colaborar con la Justicia", ha advertido.
Y ya de paso, la Fiscalía pide que el ex conseller de la Generalitat, Germà Gordó no pueda salir de España. Que le retiren el pasaporte, acusado como está por el 3% y la financiación de la antigua Convergencia. Este hombre estaba llamado a sustituir a Artur Mas como presidente de la Generalitat. Ahora son otros tiempos. La justicia, con su desesperante lentitud y su amor por lo políticamente correcto, emerge en vísperas del 1 de octubre, también conocido como 1-O.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
