-Moody's advierte de que el Gobierno ha fracasado en la reforma de la Administración. -CaixaBank llega a un principio de acuerdo para controlar el BPI. -El Estado pagará 3.835 millones de euros a los clientes de Bankia. -Santander: los tipos negativos afectan al 24% del negocio. -Iberdrola invierte mil millones en una central de gas en Reino Unido. -El jefe de Gamesa tiene un blindaje de dos años si Siemens lo echa. -BlackRock dobla en dos años el tamaño en España de JP Morgan. -Abengoa: factura de 4.700 millones. -Parques Reunidos vuelve a la Bolsa. -Los bancos aportan 1.000 millones en inmuebles a Metrovacesa. -La familia Hevia busca el apoyo de Bonet para controlar Freixenet. -Las deducciones encarecieron la vivienda más de un 30%. -La mitad de la deuda de las autonomías está en manos del Estado. -El Gobierno intenta evitar que S&P sitúe a Cataluña en impago. -Sánchez retoma el frente de izquierdas tras ver a Puigdemont. -Garzón (IU): "PSOE y Podemos siguen mareando la perdiz para no hablar". -Los ERE de Andalucía, hacia la prescripción masiva. -Margarita Robles: "Lesmes ejerce su función con un marcado carácter totalitario. Podemos ha anunciado el cese de su secretario de Organización, Sergio Pascual, al aludir a los últimos acontecimientos de división que, según reza el comunicado emitido, "dañan gravemente" a la formación en pleno proceso de negociaciones de Gobierno. Pascual, considerado uno de los miembros de la dirección más próximos a Íñigo Errejón, será relevado de sus funciones, aunque mantendrá sus funciones de diputado, según ha confirmado el partido en un comunicado. Pablo Iglesias asumirá sus funciones. También es noticia hoy que el Comité de Derechos y Garantías del PP va a abrir un expediente informativo por el caso de presunta corrupción en el partido en Valencia,  que afecta a todos los implicados, investigados o no, incluida la senadora del PP y exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, según ha informado el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo. Ya en el ámbito de las exclusivas, el próximo Gobierno de España, ya sea el que se forme antes del 2 de mayo o el que surja tras unas nuevas elecciones, tendrá una labor primordial: mejorar el funcionamiento y la eficiencia de las Administraciones Públicas. Así lo advierte Moody's, que durante la jornada que ayer celebró en Madrid para analizar las perspectivas de crédito en 2016 señaló que la reforma de las AAPP ha sido una de las principales asignaturas pendientes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. De esta manera, la agencia considera que Ley de Racionalización y Modernización del sector público, aprobada por el Partido Popular (PP) en mayo de 2014, ha tenido un efecto nulo o muy limitado, circunstancia que reafirma el hecho de que dos de cada tres ciudadanos desconozcan si se ha realizado modificación alguna en la Administración, tal y como evidencia la encuesta Calidad y Sostenibilidad de los Servicios Públicos que ayer publicó este periódico. (El Mundo). CaixaBank y la empresaria angoleña Isabel Dos Santos han llegado a un acuerdo para acabar con la batalla que mantienen desde hace un año en el Banco Portugués de Investimento (BPI), según ha avanzado el diario portugués Expresso. El acuerdo, a falta de conocer los detalles, consiste en un intercambio de posiciones, tras el que la entidad española tendría vía libre para lanzar una oferta de compra sobre la portuguesa, mientras Dos Santos controlaría el banco angoleño BFA. Fuentes oficiales de la entidad catalana afirmaban esta noche que no había un acuerdo ya cerrado, aunque sí dijeron que había conversaciones abiertas. (El País). José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, comentó ayer en la junta de accionistas que el banco ha provisionado 4.100 millones para hacer frente a las indemnizaciones de los clientes que compraron preferentes o acudieron a la salida a Bolsa. De este dinero, 3.835 millones correrán a cargo del Estado, que controla el 64% de Bankia. No son nuevas aportaciones públicas, pero es un dinero que el banco destina a los clientes engañados y no lo devuelve a los contribuyentes. Además, Bankia devuelve 358 millones a 76.443 accionistas en tres semanas, el importe supone solo el 20% del total que el banco calcula que entregará a quienes acudieron a la salida a Bolsa. (El País). José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, minimizó ayer en Londres el impacto que los tipos negativos pueden tener en el banco, al decir que sólo afectan al 24% de sus activos. (Expansión) Iberdrola invierte mil millones en una central de gas en Reino Unido. (El Economista) El jefe de Gamesa tiene un blindaje de dos años si Siemens lo echa. (El Economista) BlackRock dobla en dos años el tamaño en España de JP Morgan. (El Economista) Los daños de la crisis de Abengoa tienen damnificados en todos los frentes. Los 50.000 pequeños accionistas, la familia Benjumea y otros linajes andaluces, los acreedores del grupo de ingeniería y los cientos de proveedores afectados por el preconcurso y sus 28.000 empleados. Los primeros en sufrir el rescate serán los acreedores, que deberán transformar en acciones deuda por unos 6.000 millones de euros. Ese importe se convertirá en capital con una valoración inicial de unos 1.300 millones, de acuerdo a la tasación de los propios acreedores con los datos del escenario central elaborado por KPMG. Las minusvalías serían del 80% o, lo que es lo mismo, de unos 4.700 millones de euros. (Cinco Días) Parques Reunidos ha dado el paso decisivo para regresar a la Bolsa. El operador de ocio ha contratado a Deutsche Bank y Morgan Stanley para iniciar el proceso formal que terminará con la salida al parqué de la compañía a principios del mes de mayo. Los bancos de inversión han iniciado ya los contactos con potenciales inversores para tantear la banda de precios a la que estarían dispuestos a comprar acciones. Fuentes del mercado valoran el capital de la empresa en 1.400 millones y la deuda en 650 millones. (Expansión) Los bancos aportan 1.000 millones en inmuebles a Metrovacesa. Santander, BBVA y Popular, accionistas de Metrovacesa, han transferido a su participada 9 edificios de oficinas en Madrid y en Barcelona, valorados en 1.000 millones. (Expansión) La familia Hevia busca el apoyo de Bonet para controlar Freixenet. (El Economista) Las deducciones encarecieron la vivienda más de un 30%, según estudios de BNP y la Complutense. (Cinco Días) La deuda pública de las comunidades autónomas aumentó un 10,3% el año pasado hasta alcanzar los 261.268 millones. Equivale a un 24,2% del PIB, la mayor cifra jamás registrada. El 48% del pasivo autonómico son préstamos del Estado a las comunidades a través de mecanismos como el plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Cataluña debe el 60% de todo su pasivo a la Administración central. Por otra parte, las comunidades acumularon el año anterior 8.900 millones de deuda comercial. (Cinco Días) La agencia de calificación Standard & Poor's ha transmitido a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno central que está dispuesta a situar su deuda como en selective default (impago selectivo), según han confirmado a EL MUNDO fuentes gubernamentales. La decisión de S&P fue tomada el pasado día 4, pero no fue desvelada porque la Generalitat decidió recurrirla, lo que abrió un plazo de dos semanas en el que todavía cabe convencer a la agencia para que suavice la nota. El Gobierno central confía aún en intentar frenar tal degradación del rating para evitar el varapalo internacional que supondría para la imagen de solvencia no sólo para Cataluña, que quedaría etiquetada como quebrada ante los mercados, sino para el Reino de España. Sánchez retoma el frente de izquierdas tras ver a Puigdemont. Los socialistas cada vez ven más probable una abstención de Podemos sin necesidad de tener que integrar un Gobierno de coalición, simplemente alcanzando acuerdos puntuales de legislatura. Pero la abstención del bloque de izquierdas no garantiza al PSOE la investidura y necesitan que los independentistas abandonen el «no» y se abonen también al sentido del voto abstencionista. (La Razón). Garzón (IU): "PSOE y Podemos siguen mareando la perdiz para no hablar". (El Economista) La Audiencia de Sevilla ha abierto la puerta a una prescripción masiva en el caso ERE al aceptar la tesis de la Fiscalía. La tardanza en formalizarse las imputaciones de beneficiarios de ayudas les permitirá librarse del procedimiento penal, aunque quizá no de devolver el dinero. (El Mundo). Margarita Robles: "Lesmes ejerce su función con un marcado carácter totalitario". (La Razón). José Ángel Gutiérrez joseangel@hispanidad.com