(Exclusivas de la prensa de papel 15/11/2021) Un tsunami de malestar social arrasa el «España va mejor» de Sánchez

Los camioneros convocan huelga antes de Navidad, la industria avisa de cierres y despidos y la escalada de los precios pone en pie de guerra al campo. Los sueldos se devalúan, la cesta de la compra se dispara y los hogares pagan un 63% más por la luz que hace un año. (ABC)

90 viajes en Falcon desde el 1 de enero de 2020 al 31 de mayo de 2021. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le gusta volar en esta aeronave oficial y la utiliza al menos una vez cada cinco días para desplazarse tanto por el territorio nacional como para viajar fuera de nuestras fronteras. Desde que tomó posesión como jefe del Ejecutivo dejó claro que usaría este medio público tantas veces como fuera necesario, sin importarle la huella ecológica y sin optar por otros transportes menos contaminantes, tal y como el Gobierno recomienda en su Agenda 2050. (La Razón)

Veinte años después de que comenzara el monumental saqueo de dinero público con el caso de los ERE de Andalucía, la recuperación de los 679,4 millones de euros malversados sigue totalmente en el aire. Y las sentencias acumuladas al respecto en el Tribunal de Cuentas (TCu) no ayudan precisamente al optimismo. Según los expedientes oficiales recopilados por ABC, de las 31 sentencias dictadas hasta la fecha por el TCu, siete han desestimado el reintegro del dinero público defraudado, porque los hechos han prescrito para esta jurisdicción de fondos públicos que es el Tribunal de Cuentas. De las 31 causas resueltas hasta la fecha en esta instancia, en el Tribunal de Cuentas, las siete que se han desestimado pedían el reintegro de un total de 4,49 millones de euros de fondos malversados, que ascendían a 4,86 millones de euros con los intereses acumulados. Al menos esa era la pretensión de la Junta de Andalucía. Pero se ha topado con el muro de la prescripción. (ABC)

El propio gobernador del Banco de España en persona, el economista Pablo Hernández de Cos, calcula que generan un aumento anual a largo plazo del gasto en el sistema de ¡cerca del 5% del PIB!, unos 50.000 millones actuales. Sólo en esta década superará el 2%, unos 25.000 millones, según las cifras del gobernador. Éste el cálculo vigente del Banco de España a la vista de la primera reforma del ministro, según fuentes consultadas en la institución y que se remiten al dato que publicó Cos este año en una llamada actualización tras el impacto de la pandemia y el que él mismo esbozó el pasado 25 de octubre en el Congreso. «Habrá que compensar con otro tipo de medidas de ingresos y de reducción de gastos», suele decir el gobernador, que califica siempre de «importantísima» la segunda fase de la reforma, ante la insuficiencia de la primera para garantizar la sostenibilidad del sistema. (El Mundo)

Cotizar 35 años: la pensión alta desciende 3.405 euros. (El Economista)

La banca está cobrando a las comunidades hasta un 0,5% en comisiones por los fondos europeos que tienen inmovilizados en sus cuentas. Así lo admite un grupo de autonomías consultadas. El Gobierno ya les está transfiriendo los más de 7.000 millones de euros del fondo europeo Next Generation, creado para contrarrestar la pandemia. Se están ejecutando algunas partidas, pero la mayor parte de los recursos permanecen por ahora ociosos. (El País)

Clemens Fuest (IFO): "Europa no funcionará si el gasto de unos países lo pagan otros". (Cinco Días)
La gran banca tiene 48.789 millones para cubrir la morosidad. Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell contienen la morosidad en una media del 3,6%, con unos niveles de cobertura medios del 69%. (Expansión)

El crédito bancario cae ya un 2% por la baja demanda empresarial. El ‘stock’ cede en 17.300 millones, tras el alto acopio de liquidez del año pasado. (El Economista)

El Gobierno cuenta, tras meses de deliberación, con una hoja de ruta para descentralizar instituciones como parte de la lucha contra la despoblación. Pero el grueso de la Administración central permanecerá en Madrid. La complejidad de trasladar grandes organismos y la oposición de los sindicatos han llevado a desechar esa opción. La Moncloa ha concluido que la forma más efectiva para reforzar la cohesión territorial es que las nuevas entidades tengan su sede fuera de Madrid “salvo que razones especialmente motivadas impongan que se ubiquen en la capital”. Así lo establece el Ministerio de Política Territorial, en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS y que detalla una docena de centros que establecerán su sede en otros lugares de España. (El País)

Francia volverá a construir centrales nucleares y apostará por los pequeños reactores modulares (SMR), unas plantas de rápida instalación que compensarán el déficit de las renovables. Se trata de una solución viable en España, pero el principal obstáculo es la oposición de la izquierda. Los españoles siguen pagando hoy, y a un precio muy caro, aquella decisión política de González, que supuso la paralización de cinco centrales (Lemóniz I y II, Valdecaballeros I y II y Trillo II), cuatro de las cuales ya habían empezado a construirse. «Si no hubiéramos cerrado esos cinco reactores, estos últimos meses prácticamente no habríamos tenido que quemar gas para producir electricidad», explica Alfredo García, supervisor de la central nuclear de Ascó (Tarragona) y divulgador científico. (ABC)

Ribera insiste en ajustar el precio de las renovables para bajar la factura. (Cinco Días)

Según cálculos de EXPANSIÓN, los inversores franceses han protagonizado adquisiciones significativas desde la pandemia en España por un valor superior a los 10.000 millones de euros. ngie, Total, Vinci, Veolia, Vivendi, Carrefour, Ardian, AXA, Crédit Agricole, Orpea, Natixis y BNP cruzan los Pirineos para expandirse, ante el ‘cierre’ de Reino Unido por el Brexit. (Expansión)

Esa certeza de que España puede y debe ser la mejor aliada de América Latina en la UE le llevó a visitar Madrid hace seis meses para inaugurar la vuelta a la capital española de la oficina europea del BID, que había sido trasladada previamente a Bruselas por su predecesor, algo que Claver-Carone no duda en calificar como “error estratégico de primer nivel”. “España es la voz más importante para América Latina y El Caribe en Europa”, insiste el presidente del BID en su entrevista con EXPANSIÓN. A nivel gubernamental, Claver Carone cree que el Gobierno español debería aumentar su peso en el accionariado del BID, que ahora apenas alcanza el 2%. Recuerda que la entrada de España en el accionariado del banco se produjo en la década de los sesenta, bajo la dictadura de Francisco Franco, y que por aquel entonces el país no podría asumir el coste que suponía una mayor participación. Ahora, sin embargo, el primer ejecutivo del BID cree que la situación es completamente distinta y que el actual Ejecutivo no debe permitir que Japón, por ejemplo, tenga un peso mayor que España dentro del organismo. (Expansión)

La pandemia ha producido un encarecimiento sin precedentes en los materiales de construcción, que aumenta en un 10% el coste de construir un piso, en un 18% el de levantar un edificio de oficinas y en hasta un 20% en las naves logísticas, según los datos del Colegio de Arquitectos Técnicos de Barcelona (Caateeb). “Las naves requieren más hierro, y también las oficinas, que necesitan mucho aluminio en los ventanales, y están entre los materiales que más se han encarecido”, señala Celestí Ventura, presidente de los aparejadores catalanes. (La Vanguardia)

La nueva plusvalía se dispara si la propiedad es inferior a 6 años. (Cinco Días)

La solución para salvar la compra de Air Europa por Iberia, del grupo IAG, puede estar en que el Gobierno asuma deuda, después de aportar 475 millones a través de la SEPI a la todavía filial de Globalia. IAG ha demandado apoyo al Ejecutivo y los abogados de las empresas fijan la estrategia en una operación de hace 12 años: la compra de la quebrada Austrian Airlines por Lufthansa. Entonces, y con el visto bueno de Bruselas, Austria absorbió 500 millones de deuda de la compañía adquirida. (Cinco Días)

Diez años dan para mucho. El sector financiero español es un claro ejemplo de ello, con la concentración de la banca por medio de fusiones como las protagonizadas por CaixaBank y Bankia, Santander y Banco Popular o Sabadell con la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo. Un panorama cambiante que tiene su reflejo en las firmas de gestión de activos, algunas de ellas vinculadas a los grandes bancos y otras más independientes. (El Economista)

Brókeres que operan en España ya ofrecen fondos vinculados al bitcóin. (Cinco Días)

Según se desprende de El Panel de Sigma Dos para EL MUNDO, el PP tiene una estimación de voto del 29,1% y 130 escaños. El PSOE, el 25,9% y 100 escaños.  Vox se afianza como tercera fuerza política con el 15,4% y 48 escaños. Unidas Podemos lograría 24 escaños y el 10,5%. Más País, el partido fundado por Íñigo Errejón arribó al Congreso en 2019 con tres diputados que hoy serían siete. Ciudadanos, el 3% y u escaños. (El Mundo)

El PP crece medio millón de votos en Andalucía, pero necesitará a Vox. Los populares logran 44/46 diputados y los de Abascal, 15/17 El PSOE se mantiene con 32/34 y Ciudadanos pasa de 21 a 2/3. (La Razón)

La renovación de los órganos constitucionales pendientes, especialmente el trágala del nombramiento de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional (TC), ha generado un importante desgaste para el Gobierno. La digestión del «sapo» –como lo han calificado coloquialmente dentro del socialismo– ha sido lenta, pero, una vez digerido, en Moncloa prefieren centrarse en la negociación capital que tienen desde hace semanas entre manos. La importancia de los avances registrados en la interlocución con el PP ha obligado a mantener un «perfil bajo» y no entrar al choque, a pesar de la incomodidad que generaba su candidato. Todo para evitar que los populares se retraigan y vuelvan al bloqueo, en un momento en el que desde el Gobierno perciben «buena sintonía». Cuando se refieren a «salvar el pacto» no lo hacen pensando en los ya rubricados –TC, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo o Agencia de Protección de Datos–, sino en el que está por sellar: el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). (La Razón)

La UE, nacida para garantizar la paz en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se adentra en una militarización sin precedentes que considera imprescindible para sobrevivir en una escena global cada vez más inestable. Bruselas se plantea organizar a partir de 2023 las primeras maniobras militares de su historia y crear en 2025 una fuerza de intervención con 5.000 integrantes. Las propuestas figuran en un documento confidencial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que hoy servirá a los ministros europeos de Exteriores y de Defensa para negociar la orientación geoestratégica de la UE en la próxima década. (El País)

Un estudio estadístico realizado por el CGPJ sobre el perfil de los togados desmonta los tópicos de la procedencia elitista de los jueces. (El Mundo)

El Ministerio del Interior no detuvo a Hugo El Pollo Carvajal a pesar de tener perfectamente localizada en sus bases de datos a la venezolana que le mantenía oculto en un piso en Madrid. La DEA (Agencia Antidroga estadounidense) comunicó el pasado 17 de junio a la Policía Nacional que el ex jefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, huido desde hacía dos años, se encontraba escondido junto a la ciudadana venezolana Astrid Carolina Viloria Palacio en un apartamento de la zona de Arturo Soria. Cuando Interior recibió esa comunicación por parte de las autoridades americanas, tenía en su poder, tal y como ha podido acreditar EL MUNDO, una petición de asilo por motivos políticos en España que Viloria Palacio había cursado apenas un mes antes de este aviso, el cinco de mayo. En dicha solicitud facilitaba todos sus datos de contacto y se ponía a disposición de la Administración española para obtener la residencia en nuestro país al considerarse perseguida por el régimen de Maduro. (El Mundo)

La ministra de Política Territorial considera que Cataluña es pionera en la descentralización del Estado. (La Vanguardia)

El Gobierno plantea a ERC dar ayudas a las plataformas para que asuman la cuota obligatoria en catalán. La Moncloa asume que habrá porcentajes obligatorios de protección de las lenguas cooficiales en la ley audiovisual, pero quiere incluir incentivos fiscales. (El Periódico)