El CSIC alertó en enero de la “letalidad” del Covid-19

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la agencia estatal de investigación adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, advirtió al Gobierno «desde el primer momento» de la «gravedad» del brote de coronavirus, que ya ha contagiado a más de 33.000 personas y ha provocado casi 2.200 fallecidos en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de coalición Partido Socialista-Unidas Podemos no decretó el estado de alarma hasta el pasado día 14 de marzo, cuando la cifra de muertos por el Covid-19 se elevaba entonces a 136.
Según refleja un documento elaborado por el CSIC, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «desde el primer momento nuestros investigadores han apuntado con argumentos científicos y basados en la experiencia la gravedad de la situación, y han apoyado la necesidad de tomar medidas, aunque éstas tengan que ser duras, como de hecho lo están siendo». El documento, titulado Covid19: Resumen para información interna del plan de acción del CSIC ante la pandemia, fue actualizado este domingo 22 de marzo, pero su redacción se remonta al mes de enero. (La Razón)

El Gobierno tiene encima de su mesa una batería de medidas económicas destinadas a reducir al máximo posible las probabilidades de entrar de lleno en una recesión económica por las decisiones adoptadas para contener la pandemia del Covid-19. Una eventual bajada del 2% del salario de los funcionarios figura en un lugar destacado en ese paquete antirecesión. Este descenso de nóminas liberaría más de 3.000 millones de euros. Además de este recorte salarial con carácter general del 2%, el Gobierno no descarta que los altos cargos de las Administraciones públicas, incluidos los ministros, se aprieten más el cinturón y prediquen con el ejemplo, con descensos de sus salarios de hasta el 15%, en función de sus retribuciones. La emergencia sanitaria conlleva una crisis económica de tal magnitud, difícil aún de predecir, que puede colocar a España en la antesala de una nueva recesión económica. El Ejecutivo es consciente de que deberá demandar más sacrificios y esfuerzos a toda la población para salir cuando antes de la crisis. (La Razón)

El Ejecutivo se plantea aplazar las liquidaciones del primer trimestre del IVA y del IRPF para empresas y autónomos. La medida, que podría decidirse en el Consejo de Ministros de hoy, se añade a otras ya en marcha para mitigar los daños económicos del coronavirus. La Agencia Tributaria establece que la fecha límite para ponerse al día de estos pagos era el 20 de abril, pero el Ejecutivo podría aplazarlos al 20 de julio. Además, el Gobierno aprobará que los créditos de los bancos a las empresas cuenten con avales públicos en una horquilla que comprende aproximadamente entre el 60% y el 80% de los préstamos, en función del tamaño de la compañía. A cambio, el Ejecutivo exigirá que las primeras pérdidas o impagos los asuman las entidades financieras, como se ha decidido también en Bélgica. (El Economista)

Mientras el tráfico en sus aeropuertos cae un 82%, la compañía, que hasta ahora se había librado de costear la suspensión de los contratos públicos por el Covid-19, celebra hoy un consejo de administración en el que se analizará el reparto del dividendo de 1.153 millones (el 51%, para el Estado). A diferencia de otras empresas –por ejemplo, EasyJet–, Aena tiene margen para cancelar o posponer su dividendo para mantener la caja y hacer frente a la grave crisis del sector, ya que la decisión no se ha ratificado en la junta de accionistas, prevista para el 31 de marzo. TCI es el único fondo representado en el consejo. (Expansión)

El fondo australiano Macquarie ha decidido ejecutar una opción de compra sobre el 40% de Viesgo que estaba en manos de su socio Wren House, una filial del fondo soberano de Kuwait. La operación está todavía pendiente del cierre, tras el intento de Ontario Teachers de hacerse con esta participación. El montante de la operación, que todavía podría tener algún cambio, se calcula que asciende a cerca de 1.200 millones. Tras esta adquisición, el fondo australiano se hace con el 100% de la compañía, uno de los caramelos del sector eléctrico español. Macquarie y Wren entraron en Viesgo por 2.500 millones de euros y la energética ya monetizó parte de sus activos con una venta a Repsol. (El Economista)

Hacía más de 12 años –desde los meses posteriores a la quiebra de Lehman Brothers– que el Ibex no vivía una semana tan aciaga. Entre el 9 y el 13 de marzo el selectivo español se desplomó un 11,7%, y el jueves 12 sufrió la peor sesión de su historia, con una caída del 14,06%. Al tiempo, ocho de los mayores hedge funds del planeta cernían sus garras sobre la Bolsa española. Apostaron fuerte por las caídas en la Bolsa española y realizaron apuestas bajistas contra distintos valores del Ibex por más de 1.300 millones al precio actual. La presión bajista fue tal que forzó a la CNMV a actuar. El viernes 13 prohibió constituir nuevas posiciones cortas sobre 69 cotizadas durante 24 horas. El martes extendió el veto a toda la Bolsa y lo prolongó durante un mes. También ESMA –el coordinador europeo de los supervisores de los mercados– decidió bajar al 0,1% el umbral mínimo para que un fondo esté obligado a hacer pública una apuesta bajista sobre una firma cotizada. (Cinco Días)

En el sector turístico español ya hay empresas, grandes y pequeñas, barajando la hipótesis de no ingresar nada en los próximos cinco meses. El impacto de la pandemia del coronavirus será dramático para esta industria, y terminará pasándole factura a la economía. Cierres hoteleros, despidos temporales, restricciones y cancelaciones en vuelos y trenes... por no hablar de todos los negocios de hostelería y ocio que han bajado la persiana hasta que se levante el estado de alarma. El parón de la actividad turística dejará un agujero de 40.000 millones de euros y pondrá en riesgo al menos 800.000 empleos, según estimaciones de Exceltur a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN. (Expansión)

La Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y las Consejerías del ramo de las comunidades autónomas viven en un caos ante la imposibilidad de tramitar la avalancha de ERTE que están presentando las empresas para hacer frente a la crisis del coronavirus, que se acercan ya a 150.000 expedientes, según fuentes conocedoras. No hay medios para gestionar este volumen, con lo que no hay capacidad para asignar siquiera número de expediente a la gran mayoría de los ERTE y los trabajadores no podrán cobrar a pesar de que según trasladó el Gobierno y están entendiendo las empresas, el expediente se entiende admitido por silencio positivo. Este atasco se ha producido cuando las medidas de agilización que aprobó el Gobierno y que permiten tramitar ERTE en cinco días no llevan siquiera una semana en vigor y cuando el Gobierno ha anunciado que reforzará el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con 1.000 trabajadores. (Expansión)

La mayoría de la Cámara apoyará la continuidad de esta situación excepcional para seguir combatiendo al coronavirus, pero con importante enmiendas y correcciones a la gestión del Gobierno. La mayoría también cree que el estado de alarma debe ampliarse para paralizar por completo todas las actividades productivas salvo las esenciales, aquellas que afectan directamente a la atención de los enfermos y demás servicios básicos para el sostenimiento del país. En cada comunidad esta paralización total puede afectar a sectores distintos, pero lo que piden comunidades autónomas del PP y del PSOE, y ayer respaldó el líder de la oposición, Pablo Casado, es que el parón sea total. Construcción, por supuesto, pero también jardinería y campañas del campo como la recogida de flores, en Murcia, como ejemplo. (La Razón)

Varias comunidades presionan para activar un confinamiento más duro. (ABC)

Sánchez se resiste al parón productivo como piden Iglesias y algunas CCAA. (El Economista)

En el caso de España, el problema es, según explican a este periódico fuentes empresariales, que las dos grandes distribuidoras de estos equipos en los hospitales, ubicadas en Francia y Alemania, dejaron de vender. No por motu propio, sino por orden de sus gobiernos. A primeros de marzo, con el virus azotando Italia y comenzando en España su expansión, Francia y Alemania decidieron requisar todos los productos y la producción de los mismos para evitar quedarse sin ellos cuando el Covid-19 llegará a sus territorios. Italia, abandonada, alzó la voz contra una decisión contraria al espíritu de la UE. En la reunión de los ministros de Sanidad de la UE, hubo reproches a la actitud de los gobiernos galo y alemán, que se mantuvieron en sus trece (aunque algo más flexibles). La Comisión Europea intenta frenar el sálvese quien pueda que se abre paso en muchas capitales, pero topa con un obstáculo: no tiene competencias para ello. La presidenta, Ursula von der Leyen, consiguió corregir el bloqueo de productos médicos. (La Vanguardia)

La Moncloa ha pedido a todos los ministerios que "ayuden" en todo lo posible al departamento de Salvador Illa, que se ha visto desbordado por los acontecimientos y no ha sido capaz de garantizar el abastecimiento de mascarillas de las comunidades. Así lo confirman a EL MUNDO fuentes tanto regionales como gubernamentales. Desde que se declaró el estado de alarma, las autonomías están sufriendo un notable desabastecimiento de mascarillas, respiradores, material para las UCI, tests de coronavirus, geles desinfectantes y otros elementos básicos para la emergencia -cuando no amenaza de colapso- hospitalaria que viven. No en vano, las quejas de los presidentes regionales han sido unánimes -más allá de siglas-, ante el desabastecimiento del material básico para el trabajo de médicos, enfermeras o celadores. (El Mundo)

El plan de avales públicos aprobado por el Gobierno la pasada semana y cuyo detalle será analizado hoy mismo en Consejo de Ministros dejará fuera las refinanciaciones de empresas afectadas por la crisis del coronavirus y se centrará únicamente en crédito nuevo o renovaciones. Este fue uno de los acuerdos alcanzados ayer entre bancos y ministerio tras días de negociaciones sobre la forma en que debe canalizarse el programa de apoyo público. Esta figura es clave para que los bancos abran el grifo del crédito a empresas con problemas y eviten una oleada de quiebras en las próximas semanas. (El Mundo)

Europa trata de tender una línea de defensa común frente a la sacudida económica que ya supone la pandemia. La gravedad de la situación hizo posible la unanimidad en una decisión inaudita en cualquier otra situación: los Veintisiete respaldaron la suspensión de facto de las reglas fiscales y las normas en ayudas de Estado. En una semana clave para el euro, con una cumbre virtual de líderes, el Eurogrupo busca ahora la fórmula para activar los hasta 410.000 millones de euros del fondo de rescate europeo (MEDE) para lanzar los coronabonos. (El País)

Paracetamol, antivirales inyectables y soluciones desinfectantes. Este es el primer pedido que el Gobierno ha realizado a la farmacia militar para garantizar el desabastecimiento de productos esenciales durante la pandemia de coronavirus. La fabricación se realizará en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, en la base logística que el Ejército posee en la localidad de Colmenar Viejo. En estas instalaciones llevan unos días produciendo a la máxima capacidad cápsulas de 500 mg de paracetamol y desinfectantes de hidroalcohol. Esta semana comenzarán a fabricar ribavirina, un medicamento más complejo de producir. Este antiviral se ha utilizado frente a la hepatitis C, pero también se especula con su uso frente a otros virus como el coronavirus. (ABC)

Unos 1.200 turistas y no residentes regresan en 72 horas, del total de 65.000. El Ministerio de Exteriores incluso está planeando instalar campamentos provisionales, en pabellones con tiendas de campaña, y otras instalaciones facilitadas por las autoridades de los países, para concentrar a estos españoles que no son residentes en el exterior y poder organizar un retorno ordenado. Tal sería el caso de países suramericanos como Perú o México, se informa. No obstante, es aún una solución que debe ejecutarse y negociarse con los gobiernos de los países en cuestión. (ABC)

En plena crisis del coronavirus, la mujer que representa al Gobierno en el deporte, conversa con EL MUNDO acerca del papel que han de jugar los deportistas frente a la pandemia, la situación de los Juegos y la guerra del fútbol. (El Mundo)

José A. López Guerrero: “Con el test rápido hay que multiplicar por 10, 20 o 30 los infectados”. (El Economista)

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene encima de la mesa la primera petición de indulto para los 12 condenados por el 1-O. El abogado catalán Francesc de Jufresa remitió el pasado mes de diciembre al Servicio de Indultos del Ministerio de Justicia la solicitud de la medida de gracia para los promotores del procés, condenados por el Tribunal Supremo a penas que van desde los 13 años de prisión e inhabilitación para cargo público al año y ocho meses de inhabilitación más una multa. En la petición de la medida de gracia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Jufresa pide el indulto total para el líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, los ex consejeros Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, la ex presidenta del Parlament Carmen Forcadell y los Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. (El Mundo)