El confinamiento conduce a seis millones de españoles al borde de la pobreza

Las familias españolas afrontan la crisis vírica con un estado financiero preocupante a causa del confinamiento –derivado de las sucesivas prrórogas del estado de alarma–, el cierre de negocios o las restricciones a la movilidad, lo que hace que en torno a seis millones de personas en España puedan ver quebrar su sostén económico situándose al borde de la pobreza, según los últimos datos aportados por la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas. Este grupo forma parte de la denominada “sociedad insegura”, una parte de la ciudadanía que se mueve en el filo de la navaja y que ante una eventual crisis –como la vivida en estos momentos- se vería abocada a la pobreza. A esto habría que sumarle, además, el número de personas que se encuentran en exclusión social en España. En concreto, 8,5 millones, el 18,4% de la población, según el último informe de Foessa presentado en junio del año pasado. (El Economista)

Dos meses de estado de alarma se comen cuatro años de crecimiento. La gestión de Sánchez volatiliza 134.000 millones desde febrero. El agujero del «escudo social» podría ser 43.000 millones superior al previsto. (La Razón)

Pedro Sánchez busca nuevas herramientas legislativas para afrontar el horizonte de la pandemia en España. Consciente de que cada vez cuenta con menos respaldo parlamentario para prorrogar medidas extraordinarias que recortan libertades, el presidente apuesta ahora por negociar con la oposición dos nuevos planteamientos. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Gobierno ha propuesto pactar una modalidad "más laxa" para la última prórroga del estado de alarma, que duraría esta vez un mes, hasta el 24 de junio. Para entonces, cuando decaiga, el Ejecutivo quiere tener aprobado otro instrumento que le permita controlar eventuales rebrotes de la enfermedad sin volver a recurrir al tan controvertido mando único. Ciudadanos lo apoyará si se aceptan sus nuevas condiciones.  (El Periódico) (El Mundo)

Nuevo duelo de fuerzas en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez, otra vez con el protagonismo de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos. Solo dos días más tarde de que la ministra de Hacienda afirmara que el Ejecutivo no piensa crear un nuevo impuesto para gravar a las grandes fortunas, y a lo sumo se utilizarán figuras fiscales ya existentes, el máximo dirigente de la formación morada ha presentado este miércoles, en su plan de trabajo ante la Comisión por la Reconstrucción, que en el seno de la misma se debata y se vote la implantación de la tasa covid, o tasa a las Grandes Fortunas con la que pretende recaudar 11.000 millones de euros al año. Tiene lógica la actuación, porque bajo el paraguas de la Comisión, el PSOE y su socio de Gobierno podrán colar las medidas y las reformas que quieran, para que después sean votadas en el pleno del Congreso. El pulso de Iglesias al área económica del Gobierno de Sánchez, con María Jesús Montero y Nadia Calviño a la cabeza, se ha convertido en un clásico. Y es que, según fuentes podemitas, la propuesta de Iglesias cuenta con el respaldo de Sánchez, y por tanto, del voto del Grupo Socialista. Así, con este movimiento, el ala comunista del Gobierno han puenteado a la Comisión de Asuntos Económicos y, por supuesto, al Consejo de Ministros para llevar allí una iniciativa que persigue eliminar el actual impuesto de Patrimonio, cuya recaudación depende de las CCAA. (El Economista)

La tasa a las grandes fortunas que quiere implantar Unidas Podemos incluye una estimación de recaudación muy ambiciosa. Demasiado, tal vez. Según las estimaciones de la formación liderada por Pablo Iglesias, esta nueva herramienta aportaría una cantidad equivalente a un 1% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que que supone más de 11.000 millones de euros y multiplica por 10 la recaudación que actualmente alcanza el Impuesto de Patrimonio al que sustituiría. (El Mundo)

Los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones provinciales asumirán todo el procedimiento de aprobación de la ayuda establecida por la crisis del coronavirus. (El Mundo)

Creen que no es seguro reabrir las oficinas hasta que todos los afectado hayan cobrado. (El Mundo)

La decisión de la Comisión Europea de investigar las causas del derrumbe del vertedero industrial y las responsabilidades de las administraciones en su control constituye otro inesperado traspié en el final del segundo mandato del lehendakari Urkullu. La respuesta del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, resitúa en el primer plano del debate político y social el papel jugado por el Gobierno vasco –la Administración competente en la autorización y control– en el grave accidente laboral y medioambiental ocurrido el pasado 6 de febrero. Sinkevicius constata las «importantes deficiencias» cometidas por la empresa Verter Reciclyng en esta instalación, pero también señala directamente a las autoridades competentes y los órganos judiciales que «deberían haber detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado» este comportamiento irregular de una actividad regulada. (El Mundo)

El Partido Popular tiene intención de solicitar la desclasificación de todos los papeles que no se han hecho públicos sobre el Covid-19 y sobre la situación de excepcionalidad constitucional que vive el país desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de alarma. En definitiva: contratos, análisis, comités de expertos, criterios de desescalada, informes internos y documentos sobre toma de decisiones. Todo se desclasificaría y se pondría en conocimiento de todos los españoles. Según el PP, toda la documentación deberá hacerse pública. También desean los populares pedir la comparecencia de los ministros que han tomado las principales decisiones durante la crisis. (El Mundo)

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, quiere ir a las urnas en julio y no en septiembre, límite de la legislatura, porque es el “momento menos inseguro para votar”. Así se lo propondrá hoy a los grupos de la oposición, que ya han expresado su rechazo a esta fecha tan cercana. Esta consulta previa, advirtió ayer Feijóo, no quiere decir que la decisión final vaya a nacer del consenso con los demás partidos. Esgrime informes de tres médicos elegidos por el Gobierno gallego que, no obstante, no son unánimes. (El País)

El Gobierno francés lanza un aviso a sus automovilísticas: si quieren recibir ayudas públicas para superar la crisis necesitarán repatriar la producción de sus vehículos. Así lo asegura el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire: “La industria automovilística francesa se ha deslocalizado demasiado y debe echarse atrás”.  Renault y PSA suman la mitad del sector de automóvil en España, con 23.700 empleos directos. Francia quiere tener para 2030 una producción de eléctricos de entre el 20% y el 25%. (El Economista)

Se complican los primeros planes del Gobierno para mejorar recaudación ante el gigantesco déficit que va a acumular este año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha decidido aplazar las negociaciones para intentar un acuerdo internacional sobre la llamada Tasa Google en un momento en el que el Ejecutivo español intenta acelerar su implantación antes del verano. «Debido a la situación de la pandemia, nuestro calendario ya no puede ser julio. Ahora intentaremos un acuerdo de principio en el mes de octubre y otro ya más amplio con todos los detalles en 2021», declara a EL MUNDO el director del Centro de Política Fiscal y Administración de la OCDE, Pascal Saint-Amans. (El Mundo)

Onur Genç (Trabzon, Turquía, 1974), consejero delegado de BBVA, trabaja en casa por “coherencia” con lo que está haciendo la inmensa mayoría de la plantilla del banco. Su rutina diaria no ha cambiado mucho, aunque le preocupa la poca separación que existe ahora entre trabajo y vida personal. “Los bancos tenemos que ser parte de la solución a esta crisis”, dice. (Expansión)

Santander afronta un retraso en la venta de su filial en Puerto Rico a FirstBank como consecuencia de la crisis desatada por el coronavirus. La transacción se eleva a 1.100 millones de dólares (1.000 millones de euros). Se pactó en octubre del pasado año con vistas a cerrarla a mitad de este 2020, pero el calendario se ha pospuesto por la dificultad para lograr todas las autorizaciones de los supervisores. El acuerdo suscrito entre ambas partes contempla, de partida, un plazo máximo de doce meses para perfeccionar la operación. (Expansión)

El independentismo catalán pone la lupa sobre la gestión de Bankia. La eurodiputada de Junts per Catalunya Clara Ponsatí –una de las exconsejeras huidas que accedió a su escaño tras la reciente sentencia del TJUE y la salida de los diputados de Reino Unido tras el Brexit– ha preguntado a Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, sobre si el dividendo de 355 millones pagado por Bankia contraviene su recomendación de que las entidades suspendan los pagos a sus accionistas hasta octubre. En su respuesta, el BCE matiza que contempla excepciones, pero ha eludido contestar sobre el banco español en concreto. (Cinco Días)

Ya ha cubierto casi la mitad de esas necesidades de financiación. El BCE absorberá con sus compras toda la emisión neta de 2020. (Cinco Días)

La bolsa de trabajo creada por Asaja para la incorporación al campo de personas que han perdido su empleo o están sujetos a un Erte suma ya 121.390 solicitudes. El nivel de contratación, sin embargo, es muy bajo, debido, según señalan desde la organización agraria, al colapso burocrático existente en el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal), que está frenando la comprobación de la validez de las solicitudes para su incorporación a las distintas campañas agrícolas. (El Economista)

El sector financiero admite que tiene que rechazar las solicitudes de los clientes para acceder a las ayudas puestas en marcha por el ICO para pagar el alquiler. El Gobierno anunció en abril a través de Real Decreto la puesta en marcha de créditos al 0% para los inquilinos más golpeados económicamente por el coronavirus. A pesar del anuncio, la medida no se oficializó hasta el pasado 1 de mayo, con carácter retroactivo desde el 1 de abril. Sin embargo, casi dos semanas después de la puesta en marcha de esta iniciativa, las ayudas no llegarán y tardarán entre una y dos semanas en hacerlo. El motivo: aún no existe un protocolo entre las entidades y el ICO para gestionar estos avales. Fuentes de toda solvencia del sector financiero consultadas por este diario aseguran que hay un problema de desarrollo tecnológico entre bancos y Administración. “Las entidades necesitan que el ICO establezca un procedimiento para hacerle llegar las solicitudes que reciben de los clientes y el instituto dé el visto bueno, algo que en la actualidad no existe”, aseguran dichas fuentes. (El Economista)

La Comunidad de Madrid intenta mitigar los destrozos que el coronavirus y el prolongado confinamiento están provocando en la actividad económica y el empleo. Un impacto que en abril se tradujo en 41.263 parados más, elevando el número de desempleados en la región por encima de los 405.000. En este contexto de rápido y fuerte deterioro económico y laboral, el consejero de Economía del gobierno regional, Manuel Giménez, presenta hoy ante la Asamblea madrileña un plan de ayudas dotado con 25 millones cuyo objetivo es incentivar la contratación indefinida y sostener el empleo ante el tsunami provocado por la pandemia. (Expansión)

El Tribunal Supremo tiene encima de la mesa el recurso de casación presentado por el presidente de la Generalitat Quim Torra contra su condena de un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. La Fiscalía se opuso a su admisión a trámite una vez que el dirigente catalán había reconocido los hechos. Ahora, es la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presidida por Manuel Marchena, la que debe fijar si lo admite y fijar una fecha para la vista de los recursos. Fuentes del tribunal dan por descontado que esto va a ocurrir para dar la opción a Torra a una doble instancia. Una vez sea admitida, la vista podría celebrarse antes de otoño, siempre y cuando así lo permita la actual situación de los juzgados y tribunales a cuenta del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. En la vista –sustituible por una deliberación de los magistrados sin vista– se exponen los argumentos de la defensa y la Fiscalía. El fallo podría conocerse en pocos días al tratarse de un asunto que a priori carece de complejidad técnica. (La Vanguardia)