Este viernes, en la Junta de Accionistas de Repsol, hemos asistido, un año más a una nueva lección en materia de transición energética, lástima, que no haya asistido la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera (ahora muy centrada y en campaña, al ser cabeza de la lista del PSOE a las elecciones europeas del 9 de junio). El presidente no ejecutivo, Antonio Brufau, le ha advertido a Ribera que “no somos retardistas ni negacionistas, sino absolutos activistas en la lucha contra el cambio climático”, tras sus críticas y su apoyo a las lanzadas por Iberdrola (incluyendo una demanda judicial y otra ante el organismo regulador de la publicidad, Autocontrol, donde la eléctrica ha recibido dos varapalos). Y por si esto no bastara, el CEO, Josu Jon Imaz, ha apuntado que “tenemos una posición activa en transición energética”, recordando que fueron la primera empresa de su sector en anunciar su compromiso de ser cero emisiones netas en 2050”.

Brufau ha subrayado que en España la electricidad ha pasado de representar el 24% de la matriz de consumo de energía final por fuentes en 2017 al 22% en 2023, pese a todo el esfuerzo por electrificar y lo mucho que desde el Gobierno se habla de electrificación. Sin embargo, los productos petrolíferos han crecido del 51% al 54% y el gas natural se ha mantenido en el 16%. Ante estas cifras, Brufau se pregunta: “¿No nos estaremos equivocando de camino? ¿Por qué no descarbonizar los combustibles líquidos? Obviar la neutralidad tecnológica no es la ruta más eficiente” para descarbonizar y reducir emisiones de CO2.

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El presidente no ejecutivo de Repsol ha dado un ejemplo muy claro y factible de cómo descarbonizar con sentido, manteniendo la industria y los empleos de calidad que esta tiene: a través de los biocombustibles (también llamados combustibles renovables). En la transformación de su refinería de Cartagena para producir biocombustibles a partir de residuos, la compañía ha invertido 250 millones de euros, unos biocombustibles que sustituirán los productos de combustibles fósiles y permitirán reducir 900.000 toneladas de CO2 anuales. Esta cifra no es baladí, porque “equivale a lo que dejan de emitir los cerca de 400.000 coches eléctricos que hay en España”, pero ojo, a un coste muy inferior: alcanzar esa cifra de coches eléctricos -que aún está muy lejos de los objetivos de nuestro país- ha costado 4.000 millones de euros en subvenciones y eliminación del impuesto de hidrocarburos, mientras que empezar a producir biocombustibles en Cartagena ha costado 250 millones; es decir, ¡16 veces menos! Además, en esos 4.000 millones hay dinero de todos los españoles, mientras que los 250 millones sólo han salido de los accionistas de Repsol. “No es equilibrado”, ha señalado Brufau. Al mismo tiempo, Imaz ha sido muy claro con los ecologistas: “Si dejamos de producir petróleo y gas, aumentará la dependencia de Putin… y los precios”. 

Repsol ha invertido 250 millones producir biocombustibles en Cartagena para reducir 900.000 toneladas de CO2 anuales, lo que “equivale a lo que dejan de emitir los cerca de 400.000 coches eléctricos que hay en España”, pero ojo, a un coste muy inferior... y no procedente del bolsillo de todos los españoles

Brufau también ha dado algunos avisos a la Unión Europea, porque debe reaccionar ya. De hecho, considera que “es necesario cambiar las políticas europeas y las españolas”, porque “energía e industria van juntas”, y se debe apostar por “una transición energética e industrial eficiente, que reduzca emisiones y no perjudique a la industria europea”. Un camino teniendo en cuenta el famoso trilema energético (sostenibilidad, seguridad de suministro y precios asequibles), dando mecanismos (por ejemplo, más incentivos y menos prohibiciones, como hace EEUU), para “desdramatizar el coste de la energía en las cuentas de las empresas”. Además, ha aludido a que Europa lidera en el tema de regulación, pero que le ha llevado a perder industria, mientras ha crecido la de EEUU y China, porque muchas veces esas regulaciones no han sido coherentes y han resultado excesivas. En concreto, desde el ‘Green Deal’ (el Pacto Verde), en Europa la regulación supera las 5.000 páginas, mientras en EEUU apenas ha habido unas 400.

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Por todo ello, en consonancia con la Declaración de Amberes (respaldada por más de 300 empresas, sindicatos y organizaciones", Brufau ha defendido que se debe consolidar el mercado único europeo (algo que ayudaría a evitar “el dumping fiscal” que hay entre Estados miembros), reducir las políticas basadas en más gasto y subvenciones y sustituirlas por incentivos y desgravaciones, así como simplificar trámites administrativos y fortalecer la seguridad jurídica (la cual, hasta ahora va por barrios y es distinta en los 27 Estados miembros). “No podemos poner un gravamen extraordinario porque ponemos a los productos de esas empresas en desventaja competitiva”. Al hilo de este impuesto, Imaz ha insistido en que es injusto, pues “castiga a las empresas que invertimos en activos industriales y generamos empleos industriales de calidad y autonomía energética, y no penaliza a los importadores”. 

Por si todo lo anterior no bastara, Brufau ha vuelto a advertir sobre China y lo inteligente que ha sido. “Está en todas las COPs (las Cumbres del Clima), pero el 65% de su electricidad procede del carbón” y es una luz “muy barata”. Y ojo, si Europa no reacciona de forma parecida a EEUU, “seremos un campo de batalla fácil para que entren sus productos de la manera que ellos quieran”.