El Gobierno Sánchez intenta hacer trampas con Correos… y la CNMC se ha quejado. Hace poco más de una semana, el pleno del Congreso aprobó la modificación de la Ley Postal, que no ha gustado al regulador de la Competencia que preside Cani Fernández.
Este último ha subrayado que debe ser la única autoridad encargada de supervisar los servicios postales que tengan obligación de servicio público (OSP) y de fijar la compensación a percibir por operador designado para prestarlos. A la CNMC no le ha hecho ninguna gracia que la modificación de la Ley Postal haya asignado competencias de supervisión a otras autoridades ni tampoco el hecho de que la Intervención General de la Administración del Estado será la responsable de elaborar las propuestas de compensación al operador designado. Además, la CNMC ha advertido que las compensaciones por la prestación del servicio postal universal (SPU) aumentarán notablemente por las modificaciones introducidas en la metodología de cálculo del coste neto.
En paralelo, se ha conocido que en 2024 Correos elevó sus pérdidas a 458,5 millones de euros, frente a los números rojos de 120,3 millones del año anterior, agravando así las pérdidas de la SEPI, que han alcanzado los 501 millones. Eso sí, sin dicho extraordinario, el holding público que preside Belén Gualda y depende del Ministerio de Hacienda que lidera la titular del ramo y vicepresidenta primera, María Jesús (Marisu) Montero, habría tenido un beneficio de 76 millones.
A la vista de estas cifras, el socialista Pedro Saura aún no ha podido enderezar las cuentas de Correos, como sí hizo en Paradores, pero es que en el primer caso el desastre es de mayores proporciones. A pesar de que ABC había avanzado que la empresa pública de servicio postal había aumentado ingresos y reducido pérdidas, ahora el informe anual refleja que estas han sido mayores por la provisión para el Plan de Salidas voluntarias por importe de 427,9 millones, así como la tendecia a la baja en su negocio tradicional (envío de cartas) por la creciente digitalización. Se prevén prejubilaciones de hasta 10.000 personas, que se pagarán a costa del Estado (o sea, de todos los contribuyentes).
