En un movimiento inaudito, el abogado de Elke König, Francisco Málaga Diéguez, socio de Linklaters, remitió el miércoles un escrito al juez del caso Popular regañándole por las preguntas a las que tuvo que enfrentarse su defendida. Y es que, según Málaga, muchas de esas cuestiones estaban relacionadas con los litigios sobre la resolución del Popular que están pendientes en el TJUE.

Pero antes de la colleja, un poco de cremita: “En este contexto, la JUR quiere agradecer expresamente a Su Señoría sus diversas intervenciones para denegar algunas de las preguntas inadmisibles planteadas por los letrados de los fondos y Aeris, entre otros”, afirma el escrito.

“Sin embargo -aquí comienza la regañina-, la JUR considera que existe el riesgo de que aquellas preguntas directamente relacionadas con los litigios pendientes ante el TJUE planteadas por algunos de los letrados de las partes, que también son demandantes en los mencionados procedimientos ante el TJUE, estuvieran dirigidas a obtener declaraciones directas de la presidenta de la JUR con el objetivo de aportarlas o utilizarlas en los litigios pendientes a nivel europeo, lo que supondría una grave instrumentalización de las presentes diligencias previas, cuyo contenido es además reservado por imperativo legal”, afirma.

Y ahora viene lo mejor: la colleja, y la intención de condicionar al juez ante próximas declaraciones. “Al no ser parte en las actuaciones ni poder intervenir para objetar preguntas, la JUR quiere llamar la atención de Su Señoría, a la luz de las obligaciones mutuas de cooperación leal entre los órganos judiciales nacionales y el TJUE, sobre esta práctica fraudulenta”.

“La JUR considera que esta práctica no debe repetirse en la declaración del Sr. Dominique Laboureix, prevista para el próximo 14 de octubre, para preservar con ellos la jurisdicción exclusiva del TJUE”, concluye.

El escrito ha causado sorpresa y estupor, por cuanto ha sido interpretado como un intento de condicionar al juez ante la declaración de König y la próxima, de Laboureix.

Como hemos mencionado al principio, el abogado de doña Elke es Franciso Málaga Diéguez, socio de Linklaters, el mismo despacho -qué casualidad- que aseguró a los consejeros del Popular que no tenían nada que temer porque todo era correcto en la ampliación de 2016. El presidente de la firma era Sebastián Albella, que poco después, ya como presidente de la CNMV, sembró dudas y anunció en sede parlamentaria que investigaría dicha ampliación.