El fiscal Enrique Cabaleiro está harto de que el BBVA no entregue toda la información acerca del caso Villarejo y apura todas sus opciones antes de que el juez cierre la instrucción en agosto. Su cabreo ha ido aumentando a medida que han ido pasando los meses y la entidad, asesorada por los chicos de Garrigues, ha seguido sin facilitar todos los documentos solicitados.

Entendámonos, a dos meses del cierre de la instrucción, la clave está en si la persona jurídica del BBVA continúa como imputada durante el juicio oral. La postura del fiscal, que es quien ejerce la acusación, es mantenerla y, además, que los representantes de la entidad, esto es, todos y cada uno de los consejeros, incluido el presidente, tengan que acudir a la Audiencia Nacional a declarar ante el juez. Y cuidado, porque si quedara demostrado que alguno de ellos es responsable a título personal, tendría que hacer frente a las costas del juicio, una minuta considerable teniendo en cuenta la magnitud del caso.

Así las cosas, Carlos Torres está sopesando entregar toda la información al fiscal, frente al criterio de Garrigues, cuya estrategia, desde el inicio del proceso, ha sido justo la contraria: seleccionar cuidadosamente la información e ir entregándola a cuenta gotas, con el objetivo de limitar los daños, lo que ha cabreado enormemente al fiscal, como hemos indicado antes.

En otras palabras, facilitar todos los documentos sería la prueba fehaciente -aunque un tanto tardía- de que la entidad está a partir un piñón con la justicia y podría conllevar la desimputación del BBVA. Pero, por otro, según el contenido de dicha información, podría suponer ampliar el foco del caso y la lista de implicados, incluido el propio presidente.

En definitiva, durante todo el proceso, el juez García-Castellón, menos incisivo que el fiscal, ha mantenido a Torres al margen del caso -todo apunta a que llegará al mes de agosto de la misma manera-, pero no así la figura jurídica BBVA, siguiendo el criterio de Cabaleiro. Y, aunque la decisión última depende del juez, lo habitual es que esté en línea con el criterio del fiscal.