Adif ha mejorado ingresos en los nueve primeros meses, según las cuentas consultadas por Europa Press, pero ha disparado pérdidas y ha hundido su rentabilidad operativa. Todo ello, en pleno caos ferroviario y reputacional que ha ido creciendo en los últimos meses, con numerosas averías y retrasos de trenes, así como con la imputación de una de sus expresidentas (Isabel Pardo de Vera).

Unas cifras que se conocían horas antes del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha dejado, al menos, 39 muertos y cientos de heridos. Todo ello, acrecienta aún más el caos ferroviario de nuestro país, que quizá se precipitó con su liberalización ferroviaria de la alta velocidad... para cumplir una orden europea... mientras otros países no se han apresurado a hacerlo. No hay que olvidar que ahora por algunas vías circulan cuatro trenes de alta velocidad diferentes: el AVE de Renfe y su versión low cost (el Avlo), el francés Ouigo y el italo-español Iryo. El citado accidente se ha producido por el descarrilamiento de un tren de alta velocidad de Iryo, que invadió la vía contigua por la circulaba otro tren de alta velocidad, en concreto, un Alvia de Renfe, que también descarriló.

Volvamos a los resultados de Adif, que no han sido buenos, como ya se vio entre enero y marzo, y en el conjunto del primer semestre, cuando los números rojos han sido de 73,2 millones de euros y de 138 millones, respectivamente, pese a mayores ingresos. Esta tendencia también se ha mantenido en los nueve primeros meses, donde los ingresos han continuado ascendiendo, mientras las pérdidas netas se han disparado y la rentabilidad operativa se ha hundido.

En concreto, los ingresos se han incrementado un 5%, a 630 millones. De estos, 525 millones han correspondido a los procedentes de los cánones que Adif cobra a los operadores (Renfe, Iryo y Ouigo): 525 millones por el uso de las vías y 104 millones por el uso de las estaciones. A esto se suman ingresos operativos de otras actividades: 66 millones del alquiler de espacios y 31 millones de la cesión de uso de su red de fibra óptica.

Claro que Adif también recibe subvenciones del Estado… y ya acumula 249 millones desde 2021. Los gastos han ascendido, especialmente los gastos financieros. El resultado operativo se ha hundido un 50%, hasta 53 millones. Y el resultado neto ha empeorado un 51%, elevando sus números rojos a 142 millones.

A todo esto se suma una deuda de 20.019 millones, un 5% superior a la de hace un año, y en 2026 el Estado debe afrontar el vencimiento de 1.121 millones, a la par que seguir invirtiendo en las nuevas infraestructuras como en su mantenimiento. Esto último es urgente, sobre todo, tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Córdoba. ¿No decía el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que “el tren vive en España el mejor momento de su historia”? Desde luego no lo parece. 

Y recuerden que en los últimos años, Adif acumula varios presidentes: Isabel Pardo de Vera, imputada ya por cinco delitos, estuvo al frente entre junio de 2018 y julio de 2021. Le relevó María Luisa Domínguez, que fue sustituida por Ángel Contreras en noviembre de 2023 y se mantuvo en el cargo hasta septiembre de 2024, cuando fue destituido (según el ministro Puente sin tener “nada que ver” con la investigación policial) y relevado por Luis Pedro Marco de la Peña.

A todo esto se suma un litigio en la Audiencia Nacional. Tras las quejas de Ouigo e Iryo por los cánones que pagan a Adif, pese a que sabían los condiciones cuando entraron a operar en España, la CNMC ha pedido a Adif la modificación de varios cálculos al considerar que eran discriminatorios para estos operadores y que favorecían a Renfe. El gestor de infraestructuras ferroviarias ha recurrido dicha resolución del regulador de Competencia ante la Audiencia Nacional, pidiendo medidas cautelares, y la Audiencia Nacional la ha admitido a trámite pero aún no ha tomado una decisión.