Los hechos se remontan al 4 de febrero de 2006 en un inmueble de la calle Sant Pere més Baix, en el barrio del Raval. La Guardia urbana procedió al desalojo de la casa okupa, el cual acabó con un agente policial herido de gravedad y con Rodrigo Lanza, recientemente condenado por el crimen de los tirantes, en cárcel por tales hechos.

Según publica ABC, el documental «Ciutat Morta», que cuestionaba la actuación policial y judicial por el desalojo aborda un supuesto caso de irregularidades policiales en el transcurso de los hechos. En el operativo de la Guardia Urbana tras las múltiples quejas vecinales por las protestas, un agente del cuerpo, Juan José Salas, sufrió heridas gravísimas por la caída de objetos, como una maceta, que le dejaron tetrapléjico.

Los jóvenes detenidos por estos hechos, entre ellos Lanza, negaron en todo momento haber sido los autores de esta agresión pero fueron condenados en 2008 por la Audiencia de Barcelona, él a cinco años de prisión. Otra de las encarceladas por el caso, Patricia Heras, se suicidó durante un permiso penitenciario.

Años después, a principios de 2015, «Ciutat Morta» recibió el premio -valorado en 7.000 euros- Ciutat de Barcelona. Entonces todavía gobernaba el alcalde Xavier Trias pero poco después la entonces exactivista Ada Colau empezó a utilizar el caso para criticar la criminalización a los antisistema durante su campaña como candidata a la alcaldía, que acabó consiguiendo ese mismo mayo.

Pero no es la única actuación que se le ha cuestionado a la alcaldesa de Barcelona en relación a la Guardia Urbana, ya que en marzo de 219 Colau disolvió la unidad de antidisturbios de la Guàrdia Urbana para transformarla en la Unidad de Refuerzo a la Proximidad y Emergencias (URPE).