El Gobierno Sánchez está profundamente dividido sobre la estrategia a seguir en Cataluña. Eso explica algunas de sus contradicciones, como las reacciones diversas ante los lazos amarillos o la defensa del juez Pablo Llarena ante la Justicia belga, pero también ayuda a entender, según fuentes consultadas por Hispanidad, la ausencia de determinación frente al president Quim Torra.

Dicho de un modo rápido: el Gobierno -o una parte del gabinete-, aspira a sentar a Torra a negociar y empezar a desactivar, con un coste limitado, el procés independentista. En esa línea trabaja, como figura más visible, Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, con gran poder de influencia sobre el propio Pedro Sánchez.

La rectificación sobre la defensa de Llarena, no reconocida por la ministra Delgado, exhibe las disensiones

En paralelo, no obstante, hay otros ministros partidarios de la línea dura con los independentistas, convencidos de que la línea blanda no ablanda, valga la redundancia, sino que les da más fuerza. Entre ellos, la figura más destacada es Josep Borrell, pero también están la vicepresidenta, Carmen Calvo, o la titular de Hacienda, María Jesús Montero, consejera de Andalucía antes de entrar en el Gobierno  

La postura comprensiva con Torra y compañía dará sus frutos. Es el convencimiento de los partidarios de mantener ese diálogo. Para la catalana Meritxel Batet, inflexible en algunos puntos como el referéndum o la autodeterminación, ha sido un éxito, por ejemplo, que comenzara a rodar la comisión bilateral de la Generalitat y el Estado, algo impensable -se vanagloriaba la ministra- con los gobiernos de Rajoy. Hace siete años que no se reunía esa comisión.

Esa es la vía, defiende Batet ante Sánchez y no sólo ante el presidente: también quiere explicarse en el Congreso -así lo ha pedido- y dar cuenta del contenido de la primera bilateral, al margen de las reuniones de aproximación que ha tenido con el vicepresidente catalán u líder de ERC, Pere Aragonès.

La catalanista Batet defiende un arreglo a través de un nuevo Estatut, mientras para el otro bando terminará en fracaso

El frente crítico del Gobierno lo capitanea Borrell, también catalán y buen conocedor, como Batet, de la realidad en esa comunidad. La diferencia es que Borrell no defiende la mano dura contra el independentismo, sino durísima.

Para los primeros, la cuestión catalana tiene arreglo si consiguen neutralizar los efectos del derribo del Estatut. Ese es su as en la manga: regresar al escenario de 2006, cuando Zapatero prometió que se respetaría la voluntad de los catalanes, con un nuevo Estatut pactado y sancionado por el Congreso y por los catalanes. Para los segundos, sin embargo, no es la solución, entre otras cosas porque el independentismo está ya en otra órbita, la de una república catalana, y el Gobierno va a salir más esquilmado que victorioso de la luna de miel con Torra.

Lo demás, es adaptarse a las circunstancias, como quien dice, y el ejemplo más claro es el último cambio de criterio, entre que rectifica y niega la rectificación, sobre la defensa del juez Llanera.

La presión, no sólo desde la oposición, sino dentro del Gobierno, ha surtido su efecto

A lo que expuso Justicia el pasado jueves, con la separación de la defensa de la soberanía y la defensa concreta de juez -ojo, con el único fin de lanzar un guiño a los independentistas- añade ahora la ministra Dolores Delgado (en las declaraciones a RNE) que defiende tanto una cosa como la otra: la integridad jurisdiccional española y la actuación del juez.

¿No hay rectificación? Que venda Dios y lo vea: “Vamos a defender hasta las últimas consecuencias -ha dicho- a la jurisdicción española y a quien la desarrolla, en este caso Llarena”. La presión, no sólo desde la oposición, sino dentro del Gobierno, ha surtido su efecto.

Otra cosa es el juez Llarena en sí, un magistrado antipático para sus propios compañeros de filas, también para los independistas, que además lo acosan (con pintadas y amenazas), y también para el Gobierno, que se ha visto obligado a dar un quiebro a su ambigüedad inicial si tiene que defender el proceso legal contra el procés. ERC o el PdECAT ya se lo echan en cara. Ciudadanos, miestras, ha registrado ya una iniciativa en el Congreso para un pronunciamiento contra el acoso que sufre el magistrado.