La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado este viernes el escrito de acusación del 1-O, en el que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carmen Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. El Ministerio Público considera al exvicepresident de la Generalitat, la expresidenta del Parlament y los exresponsables de ANC y Òmnium como máximos responsables de un delito de rebelión. Los cuatro acusados lideraron la rebelión desde sus ámbitos respectivos: el ejecutivo, el parlamentario y el social, recoge El Mundo.

En el siguiente escalón, como "mandos subalternos" de los anteriores, sitúa a cinco exconsellers encarcelados, para los que pide 16 años de prisión. Se trata de Joaquim Forn, Raul Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa. Las penas de Junqueras y los exconsellers incluyen, además de la rebelión, el delito de malversación de fondos públicos, que acordaron desde sus puestos en el Ejecutivo catalán.

El criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo es distinto al de la Abogacía del Estado

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 11 años de prisión para el ex Mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, también por un delito de rebelión.

El criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo es distinto al de la Abogacía del Estado, que hoy, tal y como estaba previsto, en nombre del Gobierno, ha presentado un escrito de acusación en el que no contempla el delito de rebelión, sino el más leve de sedición, lo que implica reclamar unas penas sustancialmente más bajas que las de la Fiscalía. En muchos casos, la mitad. Respecto al principal acusado, Oriol Junqueras, la petición la Abogacía del Estado es de 12 años de cárcel, frente a los 25 de la Fiscalía. Para los cinco ex consellers procesados por rebelión pide 10 años por sedición (la Fiscalía, 16); para la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell reclama 10 años (frente a 17); y para Jordi Cuixart y Jordi Sánxchez, ocho (la Fiscalía les reclama 17).

Hoy acusará de sedición y malversación a los líderes independentistas que permanecen en prisión por su intervención en el procés

Así las cosas, la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene su independencia y no se pliega al juego político del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha instado a la abogacía del Estado a que acusara por sedición y malversación, pero no por rebelión. Y es que está en juego nada menos que la aprobación de los presupuestos por parte de los partidos independentistas catalanes, que habrían pedido una disminución de penas a cambio de su voto favorable a las cuentas de Sánchez.

No obstante, a Sánchez siempre le quedará el indulto.