Hace dos meses, el ingeniero bilbaíno José Antonio Jainaga fue calificado como “amigo” por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ante “nueva etapa” en Talgo (tras la entrada del Estado y de un consorcio vasco). Sin embargo, ahora el presidente de la siderúrgica Sidenor y del fabricante ferroviario Talgo podría dejar de serlo porque ha lanzado un aviso al Gobierno: “El mayor desastre industrial que puede hacer España es cerrar las centrales nucleares”.
Jainaga ha considerado que sería un desastre y más en un momento en el que “estamos buscando una energía eléctrica con un precio predecible, competitivo y con seguridad de suministro”. Ve el cierre de las nucleares como “una gran barbaridad”, porque sería eliminar el 19% de la capacidad de generación del país, y si pasa “estamos muertos” y habrá impacto en el suministro de energía a la industria. Además, ha referido que dicha energía tiene una producción estable y puede evitar interrupciones de suministro, y en la actual situación geopolítica, favorece una mayor soberanía energética para depender menos de las importaciones de gas y petróleo.
En su intervención en el evento organizado por Red Eléctrica en Bilbao, el presidente de Sidenor y Talgo ha afirmado que espera “sensatez” de administración y reguladores “para que no se haga” el cierre nuclear en nuestro país. Asimismo, ha defendido un modelo de transición energética en el que se avance sin perder rentabilidad y competitividad, en línea con lo que defiende la Alianza por la Competitividad de la Industria Española y muchas empresas (entre ellas, Repsol, que en su última Junta de Accionistas dio una lección sobre el tema a Sara Aagesen, Joan Groizard y Ursula von der Leyen). Y es que en su opinión, “la descarbonización y la lucha contra el cambio climático no pueden estar disociadas de la competitividad”.
El ingeniero bilbaíno también ha hecho referencia a que con los centros de datos, la “industria tendrá que pagar más” en su factura eléctrica porque se disparará el consumo de luz. Quiso aprovechar la presencia de la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), la exministra socialista (y principal responsable del apagón) Beatriz Corredor, para pedirle en público que traslade a la CNMC (organismo que sigue protegiendo a la amiga de Pedro Sánchez en el tema del apagón y pronto dejará de presidir Cani Fernández) una batería de medidas que reduzcan la tarifa eléctrica a la industria, como la eliminación del impuesto del 7% a la generación, que luego acaba en la factura de los consumidores. Una petición que ya realizó la Alianza por la Competitividad de la Industria Española a principios de mes.
Conviene recordar que, por ahora, el Gobierno insiste en asfixiar a impuestos a las nucleares y en no pronunciarse sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta que lo haga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Muchos miembros han defendido el cierre nuclear, entre ellos: el propio presidente, Pedro Sánchez; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que hace un año acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar al servicio de las empresas eléctricas por defender la permanencia de las centrales nucleares como fuente energética de respaldo del sistema eléctrico español y factor de estabilización de las líneas de distribución; y hasta el vicepresidente primero y titular de Economía, Comercio y Empresa, el extremeño Carlos Cuerpo, quien se ha sumado a la demagogia de apostar sólo por sol y viento, como Aagesen y Groizard, y en enero de 2025 defendió el cierre de Almaraz.
En paralelo, recientemente, dirigentes de la comarca extremeña Campo Arañuelo (en la que se encuentra Almaraz) han lanzado un aviso a Sánchez: exigen la prórroga de la central nuclear… o dejarán el PSOE. Recuerden que Fernando Sánchez, alcalde Belvís de Monroy y Casas de Belvís, y presidente de la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz. Sí al futuro’, ya advirtió que “resultaría absurdo el cierre de la primera industria de Extremadura” y también respondió a José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, que “la industrialización que necesita Extremadura precisa de una energía limpia y de suministro estable”. Hace unos días, Sánchez y Quintana han coincidido en el acto en el que Iberdrola inauguró la mayor batería de almacenamiento de energía de España en el complejo Campo Arañuelo (Cáceres) -en el que cuenta con dos plantas fotovoltaicas- que se encuentra en la comarca del mismo nombre que depende, en gran medida, de la central nuclear de Almaraz.