En el mundo okupa cada día encontramos un caso que nos sorprende. Hemos conocido historias que demuestran la caradura y la impunidad con la que actúan: como los okupas que habían convertido la vivienda en un piso turístico y Hacienda multó al propietario o, los okupas que no se iban porque el banco le iba a quitar la casa al propietario, entonces se quedaban hasta que la vivienda fuera del banco. O el okupa que presume con orgullo de no pagar suministro alguno: "lo paga el ayuntamiento", o sin ir más lejos el caso que publicamos ayer lunes, con unos okupas que han decidido vivir en un garaje, en Valencia. 

Lo cuenta el medio MonTerrasa: los okupas de la localidad catalana dicen que están sufriendo una campaña de "acoso y criminalización" por parte del Ayuntamiento de Terrassa.

Y se preguntarán, ¿por qué? Pues el pasado 30 de agosto, la Asamblea de Okupas anunciaba la okupación de un edificio en la carretera de Montcada, 269, la antigua tintorería Cardona. El edificio estaba abandonado y eso parece suficiente excusa para okuparlo ellos. Y eso que es propiedad de la Sareb de Sánchez y que había un proyecto ya firmado para derruir el bloque y urbanizar el sector, convirtiéndolo en el "gran eje peatonal que conecte el Centro con el Siglo XXI". 

Es más, los okupas, que aseguran que es el nuevo epicentro de colectivos anticapitalistas de la ciudad, son tan solidarios y anticapitalistas, que han dejado a 68 familias sin casa, porque el objetivo del proyecto de urbanización era construir 68 viviendas, de las cuales un 36% estarían destinadas a vivienda de protección pública.

Por lo que sea, el Ayuntamiento quiere echarles, ven mejor y más necesaria la vivienda para familias que lo necesiten, por lo que los okupas han denunciado un "guerra sucia" desde el Consistorio. Aseguran haber recibido "presiones" por técnicos municipales, agentes de la Policía Local y Mossos d’Esquadra, y miembros de las brigadas de obras del Ayuntamiento. Precisan que estos organismos se presentan con el pretexto de revisar la seguridad estructural del edificio, pero en opinión de los okupas, el Ayuntamiento mandarían estas visitas como "una estrategia política para deslegitimarnos y desgastarnos".

Para los okupas esto propicia "un clima más amplio de criminalización y señalamiento, en el que se combina el acoso administrativo y judicial". Todo, dicen, para "desacreditar el movimiento y evitar que la okupación se consolide como una herramienta legítima de resistencia ante un verdadero expolio que sufre la vivienda".