El aumento de menores que dicen ser trans sigue sobre la mesa, la oposición de las madres de niños trans a las leyes del Gobierno siempre ha estado ahí. En este contexto, la Asociación AMANDA ha presentado en el III Congreso Internacional DoFemCo los resultados de una encuesta realizada a 476 familias con hijos que se identifican como trans. 

Los datos fueron recogidos entre 2021 y 2025 y con una tasa de respuesta del 72%, analizan el perfil previo de los menores, su evolución en el tiempo y la relación de las familias con el sistema educativo. Y es que, una de las quejas de las familias a la Ley de Irene Montero es la eliminación de seguimiento psicológico y médico, puesto que muchos de esos menores presentaban patologías previas a manifestar su condición. 

Ahora es el informe el que demuestra que no hablaban por hablar. Según los datos presentados, muchos de los menores atravesaban situaciones de vulnerabilidad antes de manifestar que se sentían del sexo opuesto. Así, el 77% de las familias señala antecedentes de traumas, como acoso escolar, situaciones familiares adversas o procesos de duelo. Además, el 67% indicaba problemas de socialización.

Otro 65% de los menores tenía diagnósticos de neurodivergencia o trastornos psicológicos, principalmente trastorno del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o altas capacidades. La asociación considera que estos datos evidencian la necesidad de realizar evaluaciones clínicas integrales que tengan en cuenta el contexto psicológico completo del menor.

La asociación subraya que los datos de desistimiento ponen de relieve la necesidad de prudencia ante los tratamientos médicos y de mantener un seguimiento clínico. Y es que, el 30% de las chicas y el 21% de los chicos desistieron y volvieron a identificarse con su sexo.

Para la Asociación AMANDA hay datos que evidencian la necesidad de reforzar la comunicación y la coordinación entre los centros educativos y las familias en un asunto que afecta directamente al desarrollo de los menores. ¿El motivo? La encuesta refleja que en el 60% de los casos, los centros cambiaron el nombre del alumno sin informar previamente a los progenitores. En el 70% de esos casos, los padres no firmaron ninguna autorización. Cinco de cada diez familias describen experiencias negativas en la gestión educativa de estas situaciones. 

La Asociación AMANDA defiende que este contexto refuerza la necesidad de evaluaciones psicológicas rigurosas, consentimiento plenamente informado y enfoques prudentes, individualizados y multidisciplinares.