El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha presumido en varias ocasiones de la "solidaridad y acogida" de España a los refugiados ucranianos. Allá por el mes de marzo Sánchez llegó a decir: "España vuelve a ser ejemplo de solidaridad, acogida y horizonte de paz para los refugiados y refugiadas de Ucrania".

En el mes de junio, el Gobierno aseguraba que más de de 124.000 refugiados ucranianos ya tenían protección temporal (que incluye permiso para trabajar y residir). Además, las entidades que trabajan con el Ministerio de Inclusión en el sistema de acogida han atendido a 122.000.

Pues bien: la realidad parece ser otra, según denuncia la Fundación Madrina que lleva avisando desde hace tres meses de la crisis que están viviendo las familias ucranianas en España, que las sitúan al borde de la vulnerabilidad y situación de calle. Se aprecian ya las primeras familias ucranianas en las “colas del hambre”.

Fundación Madrina lleva tres meses denunciando que las familias ucranianas están saliendo de España rumbo a Ucrania y otros países de Europa, por el agotamiento de sus ahorros y porque las propias familias y pueblos de acogida han llegado al límite de sus posibilidades de acogida, debido al incremento desmesurado del precio de la comida, el transporte y la energía.

Muchas familias acogedoras comienzan a echar a la calle a sus familias ucranianas acogidas, porque ya no las pueden mantener por el aumento del precio de los alimentos, el transporte y la energía

Después de 6 meses de conflicto bélico se aprecia un olvido y un cansancio en la población española que empieza a no socorrer a la población ucraniana, coincidiendo con la disminución de la  información sobre la guerra en las televisiones. Muchas familias acogedoras comienzan a echar a la calle a sus familias ucranianas acogidas, porque ya no las pueden mantener por el aumento del precio de los alimentos, el transporte y la energía. Las familias acogedoras ya no pueden pagar alimentación o transporte, debido al aumento de los precios en general, lo que imposibilita seguir manteniendo a las familias refugiadas en sus hogares.

Estas personas, pasan de refugiados a mendigos, por ello las familias ucranianas prefieren volver a la guerra. Fundación Madrina, así como los ayuntamientos que acogieron a estas familias, deben mantener a las mismas. Hay familias que duermen en la calle y en sitios como el aeropuerto de Madrid. Los servicios de emergencia indican a Fundación Madrina que el recurso “está colapsado de refugiados ucranianos”.

Cada vez es mayor el número de refugiados descontentos con el trato de las autoridades en España y por ello deciden volver a Ucrania. No pueden alquilar casas ni habitaciones, y los ahorros se les han acabado y no encuentran trabajo fácil. Incluso ya deben pagar transporte para viajar por España. La ilusión y las promesas iniciales en estas familias se han apagado por completo.

Cada vez es mayor el número de refugiados descontentos con el trato de las autoridades en España y por ello deciden volver a Ucrania. No pueden alquilar casas ni habitaciones, y los ahorros se les han acabado y no encuentran trabajo fácil

Asimismo, el deterioro de la economía española se refleja en la imposibilidad de conseguir empleo para las madres ucranianas que, además, carecen ya de ahorros para mantenerse. Igualmente, para ellas es imposible independizarse y alquilar un inmueble porque no puede responder a las garantías de los propietarios, como nóminas de contrato indefinidas, avales y fianzas.

Además, muchos profesionales sanitarios, e ingenieros, al no poder homologar rápidamente sus títulos tienen que infraemplearse agotando sus fuerzas en un país cuya sociedad civil les acogió bien y con los brazos abiertos, pero que la administración no ha sabido consolidar.

Muchas de estas familias optaron por volver a Ucrania, a pesar de la guerra. Asimismo, la Fundación Madrina detecta que en varias comunidades ha aumentado alarmantemente el número de niños tutelados por los servicios sociales, como consecuencia de situaciones de vulnerabilidad, de calle, o bien por denuncias anónimas.

La semana pasada, el Ministerio de Inclusión recibió a Fundación Madrina, acogiendo favorablemente las medidas, indicando que ya estaba trabajando en cada una de ellas. Ahora toca a las Comunidades Autónomas implementar el ingreso solicitado de 400 € mensuales de ayuda directa. Otras medidas, como el acceso a la vivienda y la homologación de títulos para favorecer el empleo, tardarán más en llegar por lo complicado de los procedimientos, y la dificultad de conseguir alojamiento por parte de convencer para un arriendo social a los propietarios de las viviendas deshabitadas.

La Fundación resalto lo positivo de realojar a la población refugiada con niños que lo deseara al entorno rural, si bien matizó que había que invertir más en infraestructuras, empleo, salud y movilidad.