Hispanidad viene denunciando la desprotección con la que los agentes de la Guardia Civil se enfrentan al narco, como se puso de manifiesto en el asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel Gómez y David Pérez en Barbate (Cádiz), el 9 de febrero de 2024, cuando su zodiac de apenas 5 metros fue arrollada por una narcolancha de 14 metros de eslora, tripulada por los narcos. 

Una desprotección que los propios agentes vienen denunciado con insistencia: «Nada se ha solucionado desde Barbate». 

Otro ejemplo: a principios del pasado mes de junio, unos narcos dispararon con armas de guerra -fusiles kalasnikov- a agentes de la Guardia Civil que desarrollaban una operación contra la entrega de un alijo de droga en la ría de Punta Umbría (Huelva).

Además, el pasado 8 de mayo de 2026, dos guardias civiles -Jerónimo Jiménez y Germán Pérez- fallecieron tras colisionar sus embarcaciones cuando perseguían unas narcolanchas, también en Huelva, algo que la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, calificó como "accidente laboral". 

Cabe recordar que el 10 de noviembre de 2025, una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) -que había visitado previamente la zona del suceso- emitía un informe muy crítico con el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, afeándole el desmantelamiento -en el año 2022- de la unidad policial antidroga OCON-Sur, la unidad de élite policial contra el narco que tan buenos resultados había obtenido, y le instaba a recuperarla. Pero no lo ha hecho...

La citada unidad había sido creada en 2018 y en su corta vida logró una gran eficacia, con cientos de detenciones y grandes incautaciones de alijos de droga. Pero septiembre de 2022 fue desmantelada por orden de Marlaska, y encima en contra de la opinión de la Fiscalía, que lo vio como un retroceso en la lucha contra el tráfico de drogas.

Además, el Parlamento europeo instaba al Gobierno a reconocer el trabajo de Policía y Guardia Civil como de "alto riesgo" y su equiparación salarial con las policías autonómicas, cosas que tampoco ha hecho Marlaska...

Hoy El Mundo informa de que un grupo de generales de la Guardia Civil han pedido a la Dirección General del Cuerpo, o sea, a Mercedes González, poder utilizar lanzagranadas en su lucha contra el narco. 

Por el momento, ni la propia González ni el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, han respondido a esa petición. 

En opinión de los generales, los lanzagranadas podrían ser útiles para inmovilizar o inhabilitar los motores de las narcolanchas, según la información de este medio. 

Lo que está claro es que algo hay que hacer. Por ejemplo, lo que pidió la fiscal antidroga de Huelva, Ana Isabel Laso, tras advertir que “España, lentamente, se está convirtiendo en un narcoestado”: “Soy partidaria de usar la Armada española para combatir al narco”...
 
Las preguntas, en cualquier caso, siguen en el aire: ¿Por qué el Gobierno no lucha decididamente contra el narcotráfico? ¿Por qué Marlaska le niega los medios necesarios a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.