El pasado 21 de mayo, el Parlamento Europeo aprobó -con 440 votos a favor, 49 en contra y 84 abstenciones- una directiva europea sobre los derechos de las víctimas de la delincuencia, que actualiza una anterior, del año 2012.
La nueva directiva tiene como puntos positivos la mejora en la evaluación de las necesidades de las víctimas, la mejora en el acceso a la asistencia jurídica y la indemnización y la mejor protección de los datos personales de las víctimas.
Ahora bien, dentro de esa directiva se esconden contenidos ideológicos, como que “el aborto ha sido incorporado por primera vez en una directiva europea”, ha denunciado el movimiento europeo provida One Of Us, en una nota de prensa.
Según One of Us, "el considerando 13 de la Directiva adoptada establece explícitamente que los servicios de salud sexual y reproductiva para las víctimas de violencia sexual 'pueden incluir ... el acceso al aborto'. Y se añade que los estados deben proporcionar o remitir a las víctimas a “servicios de salud sexual y reproductiva”.
One Of Us añade: "Las víctimas de violencia sexual merecen toda forma de apoyo genuino: atención médica, psicológica Asesoramiento, tratamiento de emergencia, terapia de trauma, asistencia legal. One Of Us apoya plenamente la prestación de todos estos servicios. Pero enmarcar el aborto como un componente del apoyo a las víctimas e incorporarlo en una ley vinculante de la UE es una opción política disfrazada de protección de las víctimas. Es un mal uso de esta legislación, y un perjuicio para las necesidades reales y urgentes de las víctimas de delitos".
Tonio Borg, presidente de One of Us, declaró que “la revisión de la Directiva de Derechos de las Víctimas contiene avances reales e importantes para la protección de las víctimas de delitos en Europa, y los acogemos positivamente”. Sin embargo, lamentó “que determinados grupos ideológicos hayan instrumentalizado nuevamente una legislación centrada en las víctimas para promover su agenda sobre el aborto”. Por ello, insta a todas las instituciones europeas a “que resistan esta creciente colonización ideológica del derecho europeo y restauren la integridad del proceso legislativo”.










