Hay que tener cara y poca vergüenza, esa es la conclusión. El Gobierno de España lleva en manos de socialistas y comunistas desde hace ocho años. Ocho angustiosos, miserables y ruinosos años, pero sin duda la mayor crisis de esta Ejecutiva ha sido la vivienda. En nuestro país antes se aspiraba a comprar un piso, después se promocionó el alquiler, ahora a lo máximo que se puede acceder es a una habitación alquilada con baño compartido. Y ojo, que no hablamos de jovencitos y sus aspiraciones, sino del conjunto de la sociedad, se tenga la edad que se tenga.

El caso es que esta crisis es de oferta, hay que liberalizar suelo y construir, con colaboración público-privada, y no lo decimos nosotros, son evidencias científicas de las que tanto habla el Gobierno.

Esta despiadada crisis ha tocado a Maricarmen, una vecina de 87 años a la que se le ha desahuciado de la casa en la que estaba de alquiler. La Policía ha hecho acto de presencia en la calle mientras decenas de personas se concentraban para tratar de impedirlo. El desahucio ha contado con personalidades filántropas y solidarias como Ana Belén, el perejil de todas las salsas.

Este era el cuarto intento de desahucio porque la historia viene de lejos. Primero merece aclarar que el piso se encuentra en Retiro, una zona de alto poder adquisitivo, en concreto, está ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde el precio medio por metro cuadrado ronda los 8.193 € a 8.500 €, pudiendo superar los 10.000 €/m² en viviendas totalmente reformadas o exteriores.

El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen. Ella se subrogó en las mismas condiciones: renta actualizada cada año en base al IPC más gastos como el IBI. Esto ha sido así durante 20 años. Es, en definitiva, un contrato de los que se conocen como "de renta antigua". Y aquí merece la pena nuevamente una aclaración histórica: estos contratos son fascistas, no los inventó una sola persona, sino que nacieron del Estado durante la dictadura franquista, concretamente impulsados por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Esta regulación fue diseñada por Franco para garantizar el acceso y la estabilidad de la vivienda a las familias, mediante la congelación de precios y la prórroga forzosa indefinida.

¿Y saben una cosa más? Los eliminó un socialista, como leen, en 1985 mediante el conocido como Decreto Boyer, impulsado por Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda con el PSOE.

Volvamos a Maricarmen, en 2018 el edificio fue vendido a Urbagestión, que decidió, con todo su derecho, subirle el alquiler, y el Tribunal Supremo falló a su favor.

Durante todo este proceso Maricarmen ha contado con el asesoramiento del Sindicato de Inquilinas, otro perejil como Ana Belén, que asegura que ha trasladado diversas propuestas a las administraciones como que la Administración Pública compre el piso. Sí, la solución de la mente preclara del sindicato es que, para que Maricarmen no tenga que mudarse, le compremos el piso entre todos, todas y todes. Es más, eso debería ser la solución a la crisis de vivienda, que todos viviéramos en pisos gratis, comprados por el Estado, ¿qué puede salir mal? Hay que aclarar que parece que al sindicato no se le ocurrió buscarle otro alquiler y que la señora se mudara.

Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional, aunque la versión que hoy miércoles ha dado Isabel Rodríguez es muy distinta, asegurando que ellos han intentado comprar el piso.

Por su lado, fuentes municipales apuntan a que los servicios sociales del Ayuntamiento mantienen un seguimiento continuo de su situación. "El Ministerio de Vivienda miente. Los servicios sociales municipales emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado", indican.

La afectada "es usuaria de diferentes prestaciones sociales municipales", como el servicio de ayuda a domicilio. Además, recalcan que desde el Consistorio se han puesto a su disposición "diferentes recursos de alojamiento", pero que la mujer "ha manifestado expresamente su rechazo cuando se le ha ofrecido plaza".

Vamos, que ellos llevan ocho años gobernando, pero la culpa es de Ayuso. Queda claro, ¿no?