Bajo el título ‘Sociedad expulsada y derecho a ingresos’, Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) han presentado esta mañana en Madrid el informe ‘Análisis y Perspectivas 2021’ donde se analiza cuál está siendo el alcance de la pandemia en la cohesión social en España, informa Cáritas. 

Según el avance de resultados de la encuesta FOESSA 2021 (realizada a más de 7.000 hogares de todas las Comunidades Autónomas) que se incluye en el informe, en 2021, año y medio después del estallido de la pandemia, son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España. Esto revela un ensanchamiento del espacio de la exclusión, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto a 2018, fecha de la anterior encuesta.

Por otra parte, solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa está cobrando el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o, al menos, lo tiene concedido. Y a casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49%), le ha sido denegado. Y esto nos recuerda otra noticia relacionada con la población vulnerable: cuando el entonces vicepresidente Pablo Iglesias utilizó en su vídeo electoral del 4-M imágenes del Banco del Bebé de Fundación Madrina... pero sólo concede el IMV a 3 de cada 100 madres vulnerables que lo solicitan.

Volviendo al informe de Caritas, se registra, asimismo, un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población: la integración plena en 2021 -es decir, hogares que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión- es disfrutada por solo 4 de cada 10 hogares de España (el 42%). Esto marca un descenso de más de 7 puntos respecto del año 2018 (donde el porcentaje era del 49%).

Otra de las alertas del informe es que, por primera vez desde 2007 las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, convirtiéndose en uno de los grandes damnificados por la COVID-19, con un incremento de casi 2 millones personas respecto del año 2018.

Por primera vez desde 2007 las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, convirtiéndose en uno de los grandes damnificados por la COVID-19, con un incremento de casi 2 millones personas respecto del año 2018

Aunque el aumento de la exclusión se ha dado de forma generalizada en el conjunto de la población, en ‘Análisis y Perspectivas 2021’ se identifican los grupos y colectivos sobre los que la crisis ha tenido mayor impacto. Es el caso de un grupo tradicionalmente afectado, el de las familias con niños, niñas y adolescentes en su seno. Las dificultades que entraña la crianza, y la debilidad de los apoyos públicos a las familias con menores de edad a cargo, incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares, que es del 27% de parejas con hijos frente al 18% entre parejas sin hijos. Esta incidencia es mucho más acusada si se trata de una familia numerosa (47%) o de un hogar monoparental (49%), especialmente cuando la persona sustentadora principal es una mujer.

Por otra parte, el país de origen es otro de los condicionantes que pueden ser determinantes. La pandemia ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante y ha convertido en crónica su obvia posición de desventaja. Esto se evidencia en una clara sobrerrepresentación de este grupo en el espacio de la exclusión (38%), aún más marcada en el de la exclusión severa (65%).

El 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo, debido a las situaciones de desempleo, pero también por la realidad de un mercado laboral cada vez más precarizado y donde obtener un trabajo digno es cada vez más difícil, lo que conllevan una realidad de ingresos bajos e insuficientes. Esta precariedad salarial afecta en particular a la hora de garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda y suministros, y que afecta al 24% de hogares españoles.

Según los datos de la última Memoria anual, la Confederación Cáritas en España invirtió en 2020 más de 386 millones de euros en sus distintos programas sociales (unos 50 millones más que en 2019) para apoyar a 2,8 millones de personas en todo el mundo (1,77 millones en nuestro país) con problemas crecientes de precariedad y exclusión social.